El denominado caso 'Astapa', contra la supuesta corrupción urbanística y política en el municipio malagueño de Estepona, que se investiga en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de dicha localidad, suma por el momento 109 personas imputadas por distintos delitos, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Así, las fuentes han precisado que el instructor dictó el pasado 12 de diciembre un auto a raíz del cual se imputa a seis personas más, en este caso por delitos contra la administración pública. Por esto, han indicado que la cifra se eleva a 109 y han apuntado que estos últimos están aún pendientes de comparecer ante el juez encargado del caso.
No obstante, el juez ha llevado a cabo esta semana distintas diligencias judiciales y la practica de pruebas, como careos, declaraciones de testigos y de otros imputados; además de periciales. La investigación de este caso se inició a raíz de la denuncia presentada por los concejales socialistas en dicha localidad David Valadez y Cristina Rodríguez.
Durante la primera fase de la operación policial, desarrollada en junio de 2008, fueron detenidos cargos políticos y concejales, como el entonces alcalde Antonio Barrientos, que pasó seis meses en prisión; así como empresarios, técnicos y empleados municipales y algunos familiares de éstos. La causa estuvo parcialmente en secreto hasta septiembre de 2011, cuando se levantó totalmente.
En este caso, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente", según se desprende de lo actuado hasta el momento por parte de los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción.
Así, entre los delitos que se investigan están el de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación o fraude. Los investigadores han realizado numerosos informes tras analizar la abundante documentación intervenida en los distintos registros practicados y, además, se han remitido comisiones rogatorias.
Inicialmente, se señalaba que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero". El sumario apuntaba a un supuesto enriquecimiento de los imputados.
