El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga llevará al pleno de este jueves una moción solicitando a la Corporación que inste al Gobierno central a no implantar el copago para el transporte sanitario no urgente, teniendo en cuenta "el grave impacto" que supondrá para "la ciudadanía más desfavorecida". En este sentido, demandará que se mantenga el carácter público de la sanidad, "tal y como se desprende de la Constitución española y de la Ley General de Sanidad".
Así lo ha expresado la portavoz municipal socialista, María Gámez, quien ha considerado que esta medida es "un nuevo atentado contra el Sistema Público de Salud y el Estado Social de Derecho" y es que, como ha defendido, "la salud es un derecho establecido en nuestra Constitución y los poderes públicos están obligados a garantizarla en condiciones de igualdad para todos".
En este punto, la concejala del PSOE ha advertido de que este planteamiento afectará a "enfermos crónicos que precisen tratamientos como diálisis o quimioterapia, absolutamente necesarios para su salud, pero también a todo aquel que necesite atención puntual no urgente".
Gámez ha incidido en que, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, se verán especialmente afectadas las zonas rurales, "cada vez más envejecidas y cuyos habitantes, por algún motivo, tienen más problemas para desplazarse".
Ha señalado a Europa Press que "las personas más vulnerables, jubilados, dependientes y especialmente los que ya viven lejos de los centros sanitarios, verán cómo sus gastos en esta materia suben considerablemente; en suma, se producirá un aumento de la desigualdad en el acceso a la salud".
RIESGO PARA LA SALUD
"Con medidas como ésta, además, puede aumentar el incumplimiento terapéutico y el riesgo de problemas para la salud de la ciudadanía, como el empeoramiento de las enfermedades crónicas", ha lamentado la portavoz municipal socialista.
A su juicio, "ya es hora de dejar de confundir a la gente, ya que se promulga que la salud es una gracia que el gobernante de turno tiene a bien otorgar más o menos dosificada, con la falacia de que ha habido quien ha abusado de las prestaciones".
"Si cada vez que algunos abusan acabamos con el sistema, no tendríamos ni bancos ni administraciones ni fundaciones ni partidos, etcétera", ha declarado, añadiendo que "lo que hay que hacer es controlar y penalizar a los abusadores, no a quienes cumplen las normas".
