El Juzgado de lo Penal número 6 de Granada, del que es titular el magistrado Ernesto Carlos Manzano, juzgará los días 7, 8, 9, 10 y 11 de octubre al que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), al exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y a otras seis personas más, conocidos promotores granadinos y técnicos municipales, por un posible delito de prevaricación en la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba prevista la construcción del Palacio de Hielo, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Entre los procesados, que se enfrentan a ocho años de inhabilitación, figuran también los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento de Granada, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha. El fiscal solicita para ellos inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo y sobre cualquier otro que comprenda facultades de contratación de cualquier tipo, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público.
Los hechos, que fueron denunciados en su día por el Ministerio Público, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento de Granada, se remontan al pasado 25 de septiembre de 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.
No obstante, las conversaciones ya se habían iniciado en 2003, y en 2005 se retomaron actuando personalmente, ya como concejal de Urbanismo, García Royo, con la finalidad "de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales y con la aquiescencia de las empresas propietarias mayoritarias de los terrenos interesados en el desarrollo comercial de la zona, que también obtendrían beneficio de dicha operación al aumentar la edificabilidad de los terrenos", según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
En el mes de junio de 2005 se presentó en el Ayuntamiento un escrito por los propietarios mayoritarios --J. Julián Consulting S.L., Promociones Arcomarex y Caja Rural de Granada-- anunciando su voluntad de suscribir el convenio urbanístico y, entre otras materias, adquirir los excesos de titularidad municipal de terrenos situados en sistemas generales adscritos al sector del Plan Parcial y excesos de aprovechamiento no atribuibles a otros propietarios.
El convenio se aprobó definitivamente el 31 de marzo de 2006 por la Junta de Gobierno Local, y paralelamente se constituyó la Junta de Compensación sin convocar ni al Ministerio de Fomento ni a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pese a que en el Plan Parcial estaban incluidos terrenos de su propiedad.
Según la Fiscalía, fueron dos de los procesados, el secretario de la Junta de Compensación y el vicesecretario del Ayuntamiento, quienes "omitieron" cualquier notificación que a estas administraciones "debía hacerse para la defensa de sus derechos", por lo que el proyecto de reparcelación de los terrenos fue presentado ante la Gerencia de Urbanismo en enero de 2007 sin su "conocimiento".
Ya en marzo de 2007, con los informes favorables de los técnicos municipales, el proyecto se aprobó inicialmente, y ya de manera definitiva en agosto de ese año, "pese a que en ningún momento el Ministerio de Fomento y la Confederación fueron convocadas, advertidas o notificadas de actuación alguna, en contraposición a la actuación llevada a cabo con otros propietarios minoritarios".
Como resultado de todo ello, según señala el fiscal, se incluyeron en el sector para el cómputo de las unidades de aprovechamiento a cobrar por el Ayuntamiento y pagar por las empresas interesadas, "con el consiguiente aumento irregular de edificabilidad", terrenos que no eran propiedad municipal o no generaban aprovechamiento al no estar desafectadas del uso público. Se trata de dos parcelas del Ministerio de Fomento, de una extensión de 4.532,36 y 423,84 metros cuadrados respectivamente y otra de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 20.484, así como otras dos dotacionales destinadas a viales de una extensión de 4.503 y 3.554 metros cuadrados, lo que hace un total de 33.497,20 metros cuadrados.
Según la Fiscalía, cada unidad de aprovechamiento que se incrementó (de un total de 14.000) se valoró en 417,61 euros, lo que supuso un beneficio tanto para el Ayuntamiento como finalmente para los promotores interesados, dado que el suelo estaba destinado en un 40 por ciento a un uso residencial (con una pérdida de 17,61 euros por metro cuadrado) y un 60 por ciento a uso terciario de ocio y oficinas (con un beneficio de 182,39 euros por metro cuadrado).
Por ello, además de la condena por inhabilitación, el fiscal pide la nulidad parcial del Plan Parcial en cuestión y del convenio urbanístico, y la nulidad total del proyecto de reparcelación de los terrenos.
