Poner precio a la justicia y limitar el acceso a la misma a las personas de menor poder adquisitivo. Para los profesionales del gremio de Justicia son claves respecto a la aprobación de las nuevas tasas judiciales. Así se puso de manifiesto en el acto organizado por Ai-Pro en el Parador de Turismo, en un acto donde no faltaron numerosos interesados en el tema, tanto de la profesión como público en general.
Los profesionales de Justicia no comparten las nuevas directrices del Gobierno en cuanto a las tasas judiciales, como también rechazan la Ley hipotecaria española siguiendo así lo dictaminado por Europa. Así quedó patente durante la jornada celebrada, para la cual Ai-Pro convocó a distintas personalidades del ámbito judicial gaditano y andaluz, para exponer sus opiniones y reflexiones sobre la situación actual de la Justicia en España.
De hecho, el título de la jornada ya evidenciaba cuál es la postura del gremio: Tasas judiciales: la tutela judicial en efectivo. El acto contó con la presentación y moderación de la abogada arcense Yolanda Saborido.
Los ponentes fueron el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla, Luis Alfredo de Diego Díez; el decano de los juzgados de Jerez, Juan José Parra Calderón; el secretario coordinador provincial del Ministerio de Justicia en Cádiz, Pedro J. Campoy López; y el decano del ilustre colegio de procuradores de Jerez, José Ignacio Rodríguez-Piñero Pavón.
La jornada organizada por Ai-Pro vino a coincidir prácticamente con la aplicación de las nuevas y controvertidas tasas judiciales aprobadas por el Ministerio de Justicia, que entraron en vigor hace dos semanas. Estas tasas, como señaló unos días antes el secretario General de Ai-Pro, Manuel Erdozain, “ponen precio a la justicia”.
