El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y responsable de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), Maximiliano Vílchez (PP), ha señalado que la Policía Nacional "sigue investigando la ocupación ilegal de viviendas" en promociones ubicadas entre las calles Profesor Manuel Clavero, Periodista Eduardo Chinarro Díaz y Andrés Martínez de León, en Sevilla Este, después de que la citada empresa pusiera en manos de la Policía este asunto.
Además, ha advertido de que se dio ya orden al banco de que se devolvieran a las familias que actualmente se encuentran en estas viviendas y que el Ayuntamiento insta a desalojar al "no ser los ocupantes legales" las cantidades abonadas a Emvisesa en concepto de alquiler.
En una nota, Vílchez explica que los pisos tenían las "cerraduras cambiadas" y los vecinos depositaban dinero en una cuenta de Emvisesa, lo que hizo sospechar de que ocurría "algo extraño, por lo que rápidamente lo denunciamos".
"De hecho, se dio orden al banco de que se devolvieran las cantidades ingresadas en la cuenta de Emvisesa al igual que las cantidades aportadas por gastos de comunidad, ya que las personas que viven actualmente en esas viviendas no son los ocupantes legales de las mismas", ha explicado el delegado de Urbanismo.
En este sentido, ha asegurado que hasta ahora una familia ya ha devuelto las llaves de manera "voluntaria al reconocer que se trataba de una ocupación ilegal" y espera que el resto de familias hagan lo mismo ya que "las adjudicatarias reales están esperando para poder entrar".
Vílchez ha explicado que el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, debería apoyar a la administración y a la Justicia en su investigación ya que hay familias que "no pueden entrar en sus viviendas debido a que están ocupadas ilegalmente". Por último, ha añadido que las personas que se encuentran en dichas viviendas actualmente "deben abandonarlas y obtendrán su vivienda conforme al procedimiento establecido por Emvisesa".
INVESTIGACIÓN DESDE OCTUBRE
En este marco, cabe recordar que en febrero trascendió que el Cuerpo Nacional de Policía elevó a los juzgados varias denuncias promovidas por Emvisesa a cuenta de la ocupación presuntamente ilegal de varias viviendas protegidas pertenecientes a manos de personas "ajenas" al procedimiento de adjudicación de tales inmuebles.
El 9 de octubre de 2012, según la documentación recogida por Europa Press, Emvisesa elevó a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía correspondiente al distrito Centro una denuncia en cuanto a la "ocupación" de una vivienda protegida propiedad de esta empresa municipal y ubicada en el número dos de la calle Andrés Martínez León. La denuncia de Emvisesa deriva de la actuación del adjudicatario del alquiler de esta vivienda protegida, pues éste, tras formalizar el arrendamiento de este piso, habría descubierto que la cerradura del mismo había sido "cambiada", lo que le impedía acceder al inmueble.
Una mujer, según la denuncia de Emvisesa, recibió en esta vivienda a su legítimo arrendatario y le informó de que ella residía en el piso "desde agosto", tras visitar una oficina de Emvisesa ubicada en el barrio de San Jerónimo. La denuncia manifiesta que esta mujer relataba que "un varón de unos 40 años" acordó con ella el alquiler de la vivienda en cuestión y el entregó el juego de llaves y "una documentación legal", proporcionándole los números de cuenta bancaria en los que debía ingresar, por separado, 40 euros en concepto de gastos comunitarios y 50 euros por el alquiler.
Emvisesa, así, da cuenta del ingreso de 50 euros en septiembre de 2012 por el alquiler de esta vivienda en cuestión. La empresa municipal de vivienda, además, da cuenta en su denuncia del aviso de un miembro de esta promoción de viviendas protegidas en cuanto al "asalto" de varios de los inmuebles, incluido el del objeto de la denuncia, durante el mes de agosto.
Esta denuncia fue elevada a los juzgados y media otra similar en cuanto a la "ocupación" de una vivienda protegida propiedad de Emvisesa en la calle Periodista Eduardo Chinarro, donde una familia habría "cambiado la cerradura" del piso y residiría en el inmueble "desde hace un mes y medio".
