Los más de 30 colectivos representados en la Cumbre Social de Huelva han elevado ante el Defensor del Pueblo Andaluz una denuncia por “la escalada de represión que estamos experimentando las organizaciones sociales y sindicales en la provincia, traducidas en la imposición de sanciones, denuncias y demandas penales contra ciudadanos y ciudadanas, incluidos menores de edad, por el simple hecho de hacer uso de sus derechos constitucionales”.
Para la Cumbre Social de Huelva, “la libertad de expresión y de manifestación son derechos inalienables que deben, no sólo ser respetados y garantizados, sino promovidos por los poderes públicos en un sociedad democrática”, algo que, tal y como han manifestado los representantes de la Cumbre presentes en la reunión “no sucede en Huelva, donde las autoridades en lugar de garantizar el ejercicio de estos derechos han iniciado una escalada de hostigamiento contra todos los colectivos que lleven sus reivindicaciones a las calles en ejercicio de sus legítimos derechos”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se ha comprometido, durante la reunión mantenida con los responsables de la Cumbre Social, a “abrir expediente informativo para esclarecer estos hechos” que afectan a derechos democráticos esenciales. Y, a partir de ahí, se adoptarán las medidas necesarias.
