La Comisión Europea ha lanzado este jueves un procedimiento de infracción contra España por no aceptar en los hospitales públicos de zonas turísticas la tarjeta sanitaria europea y obligar a los pacientes comunitarios a pagar por tratamientos que son gratuitos para los españoles.
El expediente de Bruselas es el resultado del crecimiento número de quejas recibidas sobre hospitales públicos españoles que rechazan dar tratamiento a ciudadanos con tarjeta sanitaria europea y exigen en su lugar el seguro de viajes y la tarjeta de crédito.
La asistencia hospitalaria en España es gratuita en términos generales y la tarjeta sanitaria europea da derecho a su titular a ser tratado de la misma forma que un ciudadano español, según resalta la Comisión.
Sin embargo, algunos hospitales españoles informan erróneamente a los pacientes de que su tarjeta sanitaria no es válida si tienen seguro de viaje, de acuerdo con las denuncias recibidas por Bruselas. En otros casos, pacientes que creían estar siendo tratados en base a su tarjeta sanitaria descubrieron más tarde que la factura se le había enviado a su compañía de seguros.
El Ejecutivo comunitario cree que, con esta actuación, los hospitales están denegando a los titulares de tarjetas sanitarias europeas el acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones que a los españoles y sólo les ofrecen tratamiento privado. El alto coste de este tratamiento se factura a las aseguradoras o, cada vez más, a los propios pacientes.
Las empresas aseguradoras han comunicado además a Bruselas que en la mayoría de los casos los seguros de viajes no cubren la sanidad privada.
La Comisión lleva negociando con las autoridades españolas sobre este problema desde 2010. Las autoridades españolas han indicado al Ejecutivo comunitario que han adoptado medidas para resolverlo, pero el número de quejas sigue aumentando.
Por ello, Bruselas ha decidido enviar una carta de emplazamiento, primera fase del procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no toman medidas, el Ejecutivo comunitario pedirá formalmente una reforma legal y podría acabar llevando el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
