Provincia de Granada

Critican la situación de los empleados de la CHG tras la sentencia del TC que revierte las competencias

Aseguran que tampoco pueden participar en concursos públicos y pierden "un complemento que les había sido concedido al transferirse de forma obligatoria a la Comunidad Autónoma", a lo que se suman "perjuicios económicos"

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La Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en Granada ha censurado la situación a la "que están sometidos los empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), tras la sentencia del Tribunal Constitucional que revierte las competencias de transferencia a la Junta y supone el traspaso de personal a la Administración General del Estado.

   La Junta de Personal advierte en un comunicado de que esta situación "irregular" de todos los empleados públicos destinados en la CHG se produce por una "catastrófica gestión en la reversión de este personal al Estado", provocando situaciones "ridículas y absurdas como el hecho de no consolidar antigüedad".

   Aseguran que tampoco pueden participar en concursos públicos y pierden "un complemento que les había sido concedido al transferirse de forma obligatoria a la Comunidad Autónoma", a lo que se suman "perjuicios económicos".

   Desde la Junta de Personal sostienen que "se dan los puestos de trabajo de forma incontrolada y al arbitrio de los jefes de turno, sin que hasta la fecha se haya publicado la Relación de Puestos de Trabajo", pese a que ha transcurrido casi un año y medio desde la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba la reversión de la CHG al Estado.

   De hecho, señalan que se está "haciendo caso omiso a derechos adquiridos como el Complemento Personal de Integración que les ha sido arrebatado, disminuyendo aún mas el poder adquisitivo de estos empleados".

   Por todo ello, los trabajadores reivindican que se reconozca la antigüedad a todos los empleados regularizándose el cobro de trienios, así como la certificación de todos los servicios prestados, además de que cesen las contrataciones con empresas externas de servicios que antes se realizaban por empleados públicos.

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