Cuando Zoido accedió a la Alcaldía de Sevilla hace ahora casi 25 meses pensaba en un escenario socioeconómico condicionado por los recortes al déficit público que había impuesto la Unión Europea al conjunto de las Administraciones españolas y por la herencia de deudas a los proveedores y el ‘agujero’ en las empresas municipales dejados por Monteseirín. Por tanto, la idea del alcalde consistía en tender ‘alfombras rojas’ a los inversores privados que aparecieran por Sevilla o fueran captados desde el Ayuntamiento y crear las condiciones para favorecer la actividad económica del tejido de pequeñas y medianas empresas de la ciudad con medidas como la puesta a cero del contador de deudas con los proveedores, la rebaja en las tasas y tributos municipales y la eliminación de trabas burocráticas a la creación de empresas y apertura de nuevos negocios.
En esta línea, el gobierno municipal se acogió al plan de pago a proveedores aun a costa de suscribir nuevos préstamos con la banca, que acabarán lastrando de nuevo las cuentas municipales, sobre todo en futuros mandatos y agilizó la concesión de licencias basándose en las declaraciones responsables de los promotores, pero en vez de reducir la presión fiscal acabó creando nuevas tasas y tributos. Además, la dilación en los pagos por parte del Consistorio está empezando a llenar de nuevo los cajones con nuevas facturas pendientes con proveedores.
Ordenanzas fiscales
Como se recordará, el proyecto de Urbanismo de Ordenanzas Fiscales para 2013 preveía subidas de hasta el 100% en algunos casos, pero tras el escándalo suscitado y la indignación de los empresarios, el Consistorio tuvo que retroceder, no sin antes aprobar siete nuevas tasas, con figuras sacadas de la chistera como cobrar por la solicitud de estudios previos a la Gerencia, la prórroga de las licencias urbanísticas, protección arqueológica, declaración de la calificación de vivienda protegida, emisión de informes de declaración de situación de fuera de ordenación....
Para ponerse al día con los proveedores, a los que Monteseirín había dejado a deber más de 59 millones de euros, el Ayuntamiento se adhirió al Real Decreto Ley 4/2012 y suscribió dos operaciones de crédito por esa cantidad, con la que saldar casi 3.000 facturas pendientes, pero a costa de incrementar la deuda viva hasta los 480 millones de euros, 28 millones más que un año antes, y de afrontar el pago de intereses por más de 20 millones de euros. Sin embargo, al cierre del ejercicio de 2012 el gobierno de Zoido había vuelto a las andadas y sólo la corporación municipal, sin sus empresas, tenía operaciones pedientes de pago por valor de 39 millones y con un periodo medio de pago de 83 días.
Además, Zoido no ha tenido apenas oportunidades de desplegar su ‘alfombra roja’ ante grandes inversores privados. Al contrario, ha asistido impotente a la deslocalización de empresas como Panrico, Cargill y Danone; ha propiciado con su actitud complaciente o de falta de reflejos la pérdida de proyectos como el Caixafórum en las Atarazanas y el Decathlon en la Cartuja, y se ha obcecado en sus confrontaciones urbanísticas con la Junta de Andalucía para tener argumentos con que justificar la revisión del PGOU. Los proyectos empresariales en ciernes datan casi todos del mandato anterior (segunda tienda de Ikea, mercado gourmet en el antiguo mercado del Barranco, Ciudad de la Imagen en el Higuerón...) y en la mayoría de los casos no se concretarán hasta el final de su mandato o incluso después.
La importancia del presupuesto
En este marco de recesión económica, caída del consumo, paro desbocado (más de 89.000 desempleados en la ciudad) y apenas inversión del sector privado, adquiere muchísima más importancia de lo que ‘a priori’ Zoido imaginó al llegar a la Alcaldía la inyección de dinero que el Ayuntamiento puede hacer en la economía local a través de la ejecución del Presupuesto del Consistorio y de sus organismos y empresas. Dicho de otro modo, en ausencia de grandes inversiones privadas, el Ayuntamiento queda como el principal motor de la economía sevillana. Sin embargo, ese motor está al ralentí o incluso gripado, a la luz del grado de ejecución del Presupuesto municipal revelado recientemente por el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz.
Según el balance del edil para el primer semestre del año en curso, de los 83 millones de euros existentes para inversiones o transferencias de capital entre el Consistorio y la Gerencia de Urbanismo, se han autorizado gastos o iniciado expedientes por importe de 18 millones (el 21%), pero de este dinero tan sólo se han invertido realmente en la práctica 4,3 millones (el 5%).
La delegada municipal de Hacienda, Asunción Fley, descalifica al edil socialista con el argumento de que el Consistorio, al contrario que los anteriores, sólo contabiliza como inversión el proyecto que esté plenamente ejecutado , por lo que en la documentación oficial no aparecen aún como materializadas muchas inversiones que están en la recta final.
Documentos contables
La ejecución presupuestaria consta de varias fases, y cada vez que administrativamente se activa o se culmina una de ellas los Servicios municipales van emitiendo documentos contables que dan continuidad a los procedimientos, hasta que se concluye el proceso con el pago final. Siguiendo el hilo de las tramitaciones se puede llegar hasta el ovillo del Presupuesto, y ésto es lo que ha hecho el edil Antonio Muñoz, utilizado para ello los propios documentos del Consistorio.
El balance que ha realizado el portavoz adjunto socialista es aún más preocupante si se tiene en cuenta que merced a su mayoría absoluta y al trabajo de Asunción Fley en su elaboración, los Presupuestos para este año fueron aprobados con antelación suficiente para que entraran en vigor en enero y, además, no incluían previsiones irreales, como en la etapa de Monteseirín, de vincular inversiones a la venta de inmuebles municipales, como antaño ocurría con el mercado del Arenal.
El Presupuesto del Ayuntamiento y de sus organismos y empresas se convertía así en el principal instrumento para tratar de dinamizar la economía de Sevilla en plena crisis, pero si a mitad de año su grado de ejecución es aún mínimo y no hay inyección de dinero municipal en la ciudad, toda Sevilla se resiente y sufre las consecuencias de la falta de gestión del Consistorio.
El centro del problema
El embudo es especialmente preocupante en el caso de Urbanismo, la piedra donde reiteradamente está tropezando Zoido, el cual, para cortar este nudo gordiano, se piensa que la solución radica en cambiar el PGOU en vez de cambiar al equipo gestor, con dos neófitos en la materia al frente: Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo. La Gerencia sólo habría acometido inversiones por valor de 4,7 millones de euros. Por ende, hasta los distritos de la supuesta desconcentración municipal dependen de lo que se haga o deje de hacer en su sede de las caracolas de la Cartuja, ya que por la falta de capacidad técnica de aquéllos le acaban derivando el presupuesto que tienen asignado.
Y si a mitad de año no se han activado los procedimientos administrativos para ejecutar las inversiones pendientes, habrá que realizar un intenso sprint para llegar al final del ejercicio, cuando lo que habría interesado habría sido una lluvia fina inversora a lo largo de todo el año que repercutiera en el tejido productivo sevillano y contribuyera a mantener la actividad de nuestras empresas.
Por otra parte, si, como esgrime Asunción Fley, también ocurre que el grado de ejecución presupuestaria se está acompasando a la disponibilidad de los ingresos, ello denotaría que que la previsión en este capítulo no se ha ajustado a la realidad de Sevilla y se demostraría que no por mucho inventarse nuevas tasas y tributos se llena antes y más las arcas municipales.
