El PP de Granada ha criticado este martes "las múltiples lagunas e incertidumbres" que a su juicio tiene el Decreto contra la Exclusión Social de la Junta de Andalucía puesto en marcha en mayo y para el que, "dos meses después, los ayuntamientos granadinos no han recibido aún ni un solo euro".
En una nota, la parlamentaria 'popular' Marifrán Carazo ha explicado que provincia ha perdido dos meses "sin que se haya aclarado ni una sola de las dudas e incertidumbres" que pusieron de manifiesto tras conocer el decreto, "y habiéndose generado nuevos vacíos que ni la propia Junta sabe cómo resolver".
Carazo, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a concejales del ramo, han señalado que los primeros 60 días de vigencia del decreto "han servido para demostrar que se trata de un decreto de escaparate, que en absoluto va a resolver los verdaderos problemas de cientos de familias de la provincia de Granada y que por el contrario puede generar dificultades para el normal funcionamiento de los servicios sociales de los municipios".
Como ejemplo del "afán propagandístico del decreto", el edil de Bienestar y Familia del Ayuntamiento de la capital, Fernando Egea, ha apuntado "que la bolsa de alimentos para los niños sin recursos que la Junta de Andalucía vendió a bombo y platillo sólo se entregó durante 15 días y luego se acabó".
Asimismo, el PP ha recordado que, pese a la situación denunciada, todos los ayuntamientos gobernados por su partido se acogieron al decreto "por lealtad a la Junta, pero sobre todo por lealtad a nuestros vecinos", pero ha denunciado que dos meses después, los ayuntamientos han realizado su trabajo, pero "no ha habido la misma lealtad por parte de la Junta de Andalucía".
En ese sentido, la concejala de Motril Ángeles López ha subrayado que "el decreto no contempla el apoyo material o humano a los ayuntamientos para atender a la avalancha de peticiones que están recibiendo". Como ejemplo de esta situación, está el de la capital costera, que habitualmente recibe alrededor de 130 peticiones diarias de atención por parte de familias del municipio y que sólo para la línea de contratación del decreto "ha recibido por encima de1.500 solicitudes".
De esta forma, López también ha acusado a la Junta de "generar cientos de falsas expectativas", que van a recaer sobre los ayuntamientos, cuando "las limitaciones son de la propia Administración autonómica". Así, la concejal de Motril ha señalado que de las 1.500 solicitudes de contratación recibidas por su ayuntamiento "sólo 600 personas cumplen los requisitos para acceder a las mismas y finalmente no podremos hacer más que 90 contratos".
En esta línea, los contratos no superan los 1.000 euros, incluyendo seguros sociales, y según ha señalado Fernando Egea, finalizarán el 31 de diciembre de 2013 "sin que ahora mismo se sepa qué va a ocurrir a partir de ese momento". Egea también ha puntualizado que, a diferencia de lo que ocurre con el PER, que reserva un 30 por ciento para material, el decreto "no contempla cantidad alguna para equipar a los trabajadores y para dotarles del material necesario para hacer labores útiles".
Por su parte, López y Egea, que han recordado que la situación es similar en todos los ayuntamientos de la provincia, "incluidos los del PSOE e IU aunque sus alcaldes estén callados", han apuntado que la situación ya ha comenzado a generar "el colapso de los servicios sociales municipales", en palabras de la concejal de Motril que ha ratificado el de la capital.
De esta manera, Egea ha destacado que "el decreto obliga a los ayuntamientos a elaborar informes sociales para cada una de las solicitudes que se reciban en cada una de las líneas, ya sea la de contratación, la de ayuda a domicilio, la de ayuda económica familiar o la de alimentación infantil, provocando un trabajo ingente y una enorme burocracia, que obligará a los ayuntamientos a dejar de atender otras cuestiones".
Ante esta situación, el PP granadino ha exigido a la Junta que cumpla con sus compromisos, pero sobre todo que elabore un verdadero plan contra la exclusión social "y no una serie de medidas de escaparate, que tienen una vigencia temporal y que no pueden resolver los problemas de los andaluces", informa.
Finalmente, ha declarado que "se necesita un plan de medidas serias y rigurosas que incluya medidas sociales, pero sobre todo que incluya también políticas de empleo, ya que lo demás no es más que política de escaparate", ha concluido Marifrán Carazo.
