Montoya tomó la decisión cinco días después de que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunciara la separación de sus cargos de 27 oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos tres generales, al conocerse las conclusiones de una investigación por la desaparición y muerte de los jóvenes.
El escándalo se remonta a septiembre pasado, cuando se conoció el asesinato de los jóvenes, desaparecidos en enero pasado y que días después fueron registrados como “bajas en combate”, cuando murieron supuestamente a manos de militares.
Los adolescentes fueron supuestamente reclutados por el Ejército y enviados desde Soacha, localidad colindante con Bogotá, a una región rural del departamento de Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al nordeste de la capital, donde se les consideró como guerrilleros caídos en combate.
El caso fue asumido por un comité constituido el pasado día 3 de octubre por el general Freddy Padilla y las medidas administrativas anunciadas el pasado día 29 por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y el propio Padilla.
Uribe dijo la semana pasada que la comisión investigadora “ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos”, y reconoció “fallas” en procedimientos y vigilancia, además de negligencia y posible complicidad con la delincuencia.
En su carta de renuncia, Montoya aludió ayer a “recientes hechos en los cuales miembros de la institución se han visto comprometidos y que apenas están en etapa de investigación”.
Sin embargo, pidió que los implicados en la investigación no sean condenados sin que antes se les haya concedido el derecho a defenderse, “un principio elemental de la justicia que debe cobijar por igual tanto a militares como a civiles”, dijo. Además, destacó que “la política de seguridad democrática”, eje central de la política de Uribe en la lucha contra las guerrillas, el narcotráfico y la violencia, “definitivamente cambió la vida de los colombianos”.
A raíz de esa política, que –según Montoya– “se constituyó en la guía y misión para el Ejército”, se han dado duros golpes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se logró además una importante desmovilización de paramilitares en los últimos años. Pero esa estrategia también ha generado lo que en Colombia se llaman “falsos positivos”, es decir fingidos golpes a la guerrilla, e incluso detenciones y eliminación de supuestos rebeldes que en realidad eran civiles a los que se presentaba como “muertos en combate”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bogotá advirtió hace dos semanas de que el caso de estos 23 desaparecidos podía estar relacionado con ejecuciones extrajudiciales.
Después de las denuncias y el hallazgo de los cuerpos sin vida de los jóvenes, el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, ambos de oposición, exigieron responsabilidad política por los hechos.
La Fiscalía y la Procuraduría colombianas llevan a cabo una investigación sobre 3.021 funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia por supuestas violaciones de derechos humanos.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que agrupa a diversas organizaciones no gubernamental, entre enero de 2007 y junio de 2008 se cometieron 535 ejecuciones “extrajudiciales” en las que estarían involucrados “directamente” miembros de la Fuerza Pública.
El general Montoya fue uno de los artífices de la llamada “Operación Jaque”, que permitió liberar el pasado 2 de julio a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a otros 14 secuestrados de las FARC, entre ellos tres estadounidenses. Efe.
