El Grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) en el Ayuntamiento de Marbella solicitará en el Pleno de septiembre la eliminación del sistema denominado ‘foto grúa’ implantado por el gobierno local de partido Popular ya que "una reciente sentencia tras la denuncia planteada por un ciudadano de Málaga, ciudad en la que el PP también ha implantado este sistema, ha dejado claro que se trata de un mecanismo contrario a derecho".
El concejal de IU, Miguel Díaz, explica que el denominado sistema de ‘foto grúa’, popularmente conocido como ‘grúa exprés’, consiste en que un conductor de la empresa privada que tiene la concesión de la grúa y la zona azul del municipio fotografía a un vehículo que, según su criterio, está cometiendo una infracción de aparcamiento y lo envía vía telemática para la validación de un policía local, tras lo que procede a la retirada inmediata del vehículo.
La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que esta fórmula concurre “en vicio de nulidad de pleno derecho”. En la exposición de motivos explica que el empleado de la grúa puede formular una denuncia "como si de un particular se tratase, pero como carece de la condición de agente de la autoridad, al no ser funcionario, su denuncia no está protegida por la presunción de veracidad".
Díaz anuncia que IU va a preguntar en el Pleno del próximo viernes a la alcaldesa acerca de "cuántas denuncias se han impuesto y cuantos vehículos se han retirado de la vía pública valiéndose de este sistema contrarió a ley; también plantearemos cuantos miles de euros se han recaudado, tanto en concepto de multas como de tasa por retirada de vehículos mediante la ‘foto grúa’.
El concejal de IU critica que con este sistema, el gobierno del PP "prima la recaudación sobre la legalidad del procedimiento, al transferir al conductor de la grúa competencias plenamente policiales, hay que acabar con el método de una grúa que sale a la caza de vehículos para recaudar más en contra de los ciudadanos, a los que se les quiebran las garantías legales preceptivas, para aumentar la recaudación, principalmente, de una empresa privada, casualmente la misma que también gestiona la zona azul".
Por su parte, el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Enrique Monterroso abunda en la cuestión y apunta a que "esta medida incurre en una irregularidad más, ya que no está incluida en la ordenanza municipal de tráfico que, como es lógico, sólo faculta a los agentes de policía para la imposición de infracciones o la orden retirada de vehículos".
Asimismo, Monterroso plantea "que esta situación es prácticamente análoga a la de las multas que imponen los controladores de la zona azul por cantidades que llegan a superar los 1,8 millones euros anuales, queda claro que el PP antepone su afán de recaudar, a pesar del actual momento de crisis económica, a la garantía de derechos de los ciudadanos".
