El exalcalde de la localidad cordobesa de Fuente Palmera entre 1987 y 2003, Antonio Guisado (PSOE), ha declarado este jueves ante el juez que no tiene "conocimiento de las cosas", además de decir que no ha tenido "información" sobre el contrato supuestamente falso para la gestión tributaria que, según la fiscal, confeccionó él con el también acusado el exsecretario e interventor municipal, Carmelo T., y ha llegado a manifestar que le sorprende que esté su firma en dicho contrato.
"Es un poco extraña mi explicación que esté mi firma en el contrato, lo desconozco", ha señalado el exregidor en el juicio, que ha quedado visto para sentencia, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, y en el que Antonio Guisado, quien ya ha sido condenado a dos años de cárcel por malversación de fondos públicos y prevaricación, está acusado, junto con el exsecretario interventor, por la supuesta comisión de un delito de falsedad en documento oficial y otro de nombramiento ilegal para cargo público, hechos por los que el ex primer edil se enfrenta a más de cuatro a años de prisión.
En concreto, Guisado ha comentado que no recuerda haber firmado dicho contrato, a lo que añade que no sabe "las cantidades que pudieron cobrar de la recaudación" municipal, en este caso por el exsecretario y el extesorero, dado que el exalcalde ha defendido en esta ocasión que ambas personas fueron en las que se delegó dicho trabajo y dice que desconoce por qué no figura el extesorero en las actas del pleno.
Al respecto, destaca que él "nunca" ha nombrado a Carmelo como recaudador, sino que "fue un acuerdo del pleno", si bien antes de que lo nombraran declara que le dijo que "se hiciera cargo" hasta la celebración de dicho pleno, en el que, apunta Guisado, el nombramiento de ambos como recaudadores fue a propuesta de otro partido y el PSOE se adhirió, según su relato.
Asimismo, ha explicado que el secretario no le dijo que fueran incompatibles ambos cargos y en este caso "era de forma provisional", al tiempo que detalla que se publicó el concurso para ocupar la plaza a través "del tablón de anuncios", sin embargo, "quedó desierto" porque "ningún funcionario quería ser el recaudador", de modo que se hicieron cargo el exsecretario y el extesorero, ha aseverado.
Es más, asegura que "en ningún momento" en años posteriores se discutió el nombramiento en el Pleno, desde 1991 hasta 2003; destaca que no ha tenido "requerimientos" de la oposición, los vecinos u otras administraciones sobre sus actuaciones en este caso, y precisa que los sellos del Ayuntamiento tenían "una custodia exhaustiva".
Igualmente, puntualiza que no ha tenido "relación alguna" con la empresa que se creó para la recaudación, a lo que añade que desconoce "qué tipo de sociedad constituyeron", dado que, a su juicio, el exsecretario y el extesorero son los que "orquestaron la manera más eficaz de llevar la recaudación", puesto que, "era una cosa que no me incumbía", ha apostillado el exalcalde.
Por su parte, el exsecretario ha declarado que Guisado le "encomendó la recaudación", aunque precisa que cogió el cargo "de manera provisional", después de que "nadie quiso" el trabajo tras el concurso, que, según él, "sí se celebró", al tiempo que dice que dudó "de la forma de gestión", aunque asevera que "jamás" sacó "la conclusión clara de que fuera incompatible" su cargo de secretario con el de recaudador.
El Ministerio Público pide para Guisado penas de 4 años y 6 meses de cárcel, 5 años y 3 meses de inhabilitación especial y suspensión y más de 31.000 euros de multa. También, está procesado el exsecretario e interventor municipal, Carmelo T., condenado a 3 años de prisión en el juicio anterior y que en esta ocasión le piden 4 años y 6 meses de prisión, otros 4 años de inhabilitación y suspensión por 2 años, y unos 44.000 euros de multa, por la supuesta comisión de los delitos de aceptación de nombramiento ilegal y actividades prohibidas a funcionario, así como falsedad.
LOS HECHOS
La Fiscalía detalla que en 1991 el exalcalde, supuestamente "abusando de su posición de poder y sin atenerse a procedimiento legal alguno", determinó "en connivencia" con Carmelo atribuir a éste con carácter "indefinido" el cargo de recaudador municipal, y ello pese a constarle "la incompatibilidad legal para ejercer el puesto de secretario simultáneamente con cualquier otro cargo en el sector público".
Así, apunta que el mecanismo por el que se valieron para lograr el fin fue "efectuar un nombramiento provisional, alegando razones de urgencia, y permitir a continuación que esta situación se perpetuara y se consolidara por la vía de hecho, omitiendo deliberadamente proveer la plaza de recaudador municipal conforme al procedimiento legalmente establecido".
Durante el pleno municipal de febrero de 1991, el exregidor comunicó que "debido a la emergencia planteada al haberse desvinculado el Ayuntamiento del Consorcio de recaudación dependiente de la Diputación había resuelto nombrar recaudador municipal con carácter provisional al secretario municipal".
Posteriormente, en la sesión ordinaria del día 27 de marzo de 1991, el Pleno abordó la cuestión pendiente de la recaudación. En dicho encuentro, se decidió por mayoría absoluta que la plaza de recaudador se habría de proveer mediante un concurso restringido, reservado sólo para el personal funcionario. También se fijó el cobro con el que se retribuirían los servicios prestados.
Sin embargo, según la fiscal, "conforme a las maquinaciones urdidas por los acusados", Guisado "jamás llegó a convocar el anunciado concurso", lo que permitió al secretario continuar indefinidamente con las funciones --concretamente, hasta junio de 2003--, "las cuales desempeñó simultáneamente con el cargo de secretario, percibiendo las retribuciones preceptivas por ambos puestos", y ello pese a "conocer la incompatibilidad que le afectaba y de la que estaba obligado a dar cuenta".
Debido al volumen de actividad, Carmelo T. supuestamente contrató a dos auxiliares administrativos, una de las cuales era su propia hija, que junto con la otra empleada prestaban sus servicios en dependencias municipales, si bien "ambas actuaban no por cuenta del Ayuntamiento, sino directamente para el procesado, el cual constituyó a tal efecto una empresa y en la que delegó sin ningún título legal las funciones recaudatorias", todo ello "con pleno conocimiento y asentimiento del alcalde", según la fiscal.
Desde enero de 1992 hasta junio de 2003, el exsecretario percibió del Ayuntamiento, además de los emolumentos correspondientes al cargo de secretario, una cuantía por importe de 591.891 euros en premios de cobranza de los tributos gestionados. En enero de 2002, el Consistorio firmó un convenio con la Diputación por el que Eprinsa se encargaría de la gestión tributaria, aunque el exsecretario continuó con su actividad recaudatoria hasta junio de 2003, lo que le reportó unos premios por más de 26.000 euros.
"Ante el cambio de situación que se avecinaba y para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo de las dos administrativas", prosigue el fiscal, los dos acusados "confeccionaron un documento que simulaba un inexistente contrato", en el que los procesados supuestamente aparecían como partes contratantes.
Según dicho documento, el Ayuntamiento se comprometía a contratar a las empleadas, "obligando a la Corporación a incorporarlas a la plantilla municipal como personal fijo", si no entraban en Eprinsa, a lo que se añadía que si el Consistorio no cumplía con esta condición, quedaría obligado a indemnizar a cada una de las trabajadoras con 60.000 euros. También estipulaba que los impuestos y tasas no gestionados por la empresa provincial los administraría y cobraría la empresa creada.
