El comité de empresa de la UTE integrada por Macrosad e Ingesan, la nueva concesionaria de la ayuda a domicilio, denunció ayer irregularidades en la explotación del servicio derivadas del incumplimiento del pliego de condiciones que rige el mismo.
Según el comité de empresa, que cuenta con el respaldo de CCOO y UGT, en estos primeros días de la concesión ya habrían sido despedidos dos administrativos, existiendo sospechas de que otras 70 personas puedan perder sus empleos en próximas fechas, toda vez que la sociedad pretende eliminar los contratos por obras y servicios.
Comité y sindicatos recuerdan a este respecto que una de las condiciones que recoge el pliego es la subrogación de la plantilla, de ahí que no se entiendan este tipo de movimientos.
El secretario local de CCOO, Rafael Tejada, advirtió además de que la nueva concesionaria pretende ampliar las jornadas de trabajo de 35 a 38 horas semanales, convirtiendo jornadas ininterrumpidas en partidas.
Tejada lamentó que la ayuda a domicilio parezca “la cenicienta” de los servicios que presta el Ayuntamiento, ya que a su juicio se va “de chapuza en chapuza”. “La empresa no está respetando las condiciones sociolaborales de la plantilla y el Ayuntamiento tiene aquí mucho que decir, porque si cualquiera de estas cuestiones se lleva finalmente a cabo será el responsable”, afirmó.
No en vano, el propio Tejada consideró que la nueva sociedad estaría siendo “inducida” por el Consistorio a adoptar este tipo de decisiones.
La presidenta del comité de empresa, Encarnación Barrios, advirtió de que las trabajadoras no se van a quedar de brazos cruzados si se confirman estos temores, criticando entre otras cosas que a algunas empleadas se las haya instado a prestar servicios en el Albergue Municipal cuando teóricamente no están capacitadas para realizar este tipo de trabajos.
Comité de empresa y sindicatos esperan que el Ayuntamiento medie en el conficto, de ahí que ya hayan remitido un escrito solicitando encuentros entre las partes.
El Gobierno niega los incumplimientos
La delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, admitió que la propia concesionaria le había “confirmado” la rescisión del contrato de dos trabajadores “de la estructura administrativa” que por tanto “no es subrogable”. “No son empleados que atiendan a los casi mil usuarios del servicio de ayuda a domicilio. El pliego recoge el personal mínimo para la prestación del servicio entre los cuales no se contempla como necesario una estructura administrativa adscrita al propio servicio, quedando esto supeditado a su propia estructura empresarial”, explicó. El Consistorio ha abonado la nómina de febrero, que Acasa dejó pendiente de pago.
