El Parlamento de Gibraltar ha aprobado hoy la modificación de la ley medioambiental local de 1991, una medida esperada desde el inicio del conflicto pesquero con España y que ha supuesto un trámite previo para la nueva norma que regulará la actividad pesquera en las aguas que rodean al Peñón.
En una sesión que ha sido retransmitida en directo desde la web del Parlamento, la modificación legislativa ha salido finalmente adelante con los diez votos a favor de los integrantes del Gobierno de Gibraltar y la ausencia de los miembros de la oposición, que abandonaron la sala antes de la votación por diferencias surgidas durante la sesión con el Ejecutivo.
La modificación legislativa ha supuesto la transformación del artículo 10.2 de la ley de 1001, que regula todo lo relativo a prohibiciones de capturas de animales salvajes, y que afecta de forma expresa a la pesca en las aguas que rodean a la colonia.
En esta modificación no se ha establecido ninguna prohibición concreta, sino que se ha aislado en una cláusula legal determinada el uso de redes de cerco, trasmallo y dispositivos de rastro en el fondo marino, métodos tradicionales usados por los pesqueros españoles.
Además, se ha aprobado una segunda enmienda que le da capacidad y potestad al ministro de Medio Ambiente de Gibraltar (que hasta ahora no la tenía) para introducir excepciones a estas prohibiciones, pudiendo especificar más el ministro lo que no se puede utilizar, abriendo una puerta a posibles acuerdos.
De hecho, una vez aprobado este trámite previo en el Parlamento, se abre ahora un proceso de desarrollo legislativo que, según ha señalado en la sesión el ministro gibraltareño de Medio Ambiente, John Cortés, se publicará "en breve".
Cortés ha señalado también en su intervención que "en el pasado ha habido mucha confusión sobre los métodos empleados y su interpretación legal", explicando que el objetivo de esta ley es afinar para evitar interpretaciones ambiguas, manteniendo la protección ambiental, si bien tanto él como el resto de intervinientes han eludido hacer una mención expresa a los pescadores españoles.
La reforma de la legislación medioambiental de 1991 era un trámite esperado dentro del conflicto suscitado entre España y Gibraltar por la pesca en las aguas que rodean a la colonia, ya que la prohibición de la misma por parte del Ejecutivo de Picardo se había hecho apelando a dicha norma.
La reforma legislativa estaba incluida en el proceso de negociación que se abrió el pasado año para buscar un punto de entendimiento en el conflicto, aunque las relaciones de negociación y confianza entre las partes se rompieron el pasado verano como consecuencia del depósito de 72 bloques de hormigón por parte de Gibraltar en el fondo de la Bahía.
