El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha atribuido la quiebra sufrida por diversas entidades satélite de la administración local al desvío de su "objeto social" inicial hacia fines prácticamente "empresariales" y a la reticencia de los dirigentes de estos organismos a ajustar sus estructuras una vez llegaron las "vacas flacas". Rodríguez Villalobos, no obstante, defiende que "la mayoría" de estas entidades están lejos de estas prácticas y siguen prestando servicios "de forma notable o con un aprobado alto".
En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha retomado el debate correspondiente a los organismos satélite de la administración local, como es el caso de las mancomunidades, los consorcios, o las sociedades municipales. Y es que en los últimos tiempos, por ejemplo, sociedades municipales como las creadas en Guillena (Diprasa), Utrera (Produsa), Los Palacios y Villafranca (Idelpa), Camas (Sodecsa), Palomares del Río (Emdespal), Coria del Río (Sodecor y Coria Futura) o Burguillos (Burguillos Natural), han quebrado y entrado de un modo u otro en concurso de acreedores.
La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, no obstante,ha sido la protagonista del caso más sonado al superar su deuda global los 52 millones de euros y promover su propia disolución y liquidación ante la imposibilidad de prestar servicio alguno, extremo que ha deparado consecuencias para centenares de extrabajadores y empresarios proveedores que llevan meses y meses esperando el pago de las cuantías adeudadas.
Rodríguez Villalobos, en ese sentido, ha advertido de que quiebras como las enumeradas constituyen "una minoría" en el conjunto de las mancomunidades, consorcios y sociedades municipales, defendiendo que "la mayoría" de estas entidades "sigue funcionando y prestando servicios de forma notable o, al menos, con un aprobado alto". Frente al discurso del PP, que aboga por erradicar en gran medida las mancomunidades o consorcios, Rodríguez Villalobos ha defendido que estas entidades "en general, han servido en positivo a la sociedad, porque gracias a ellas ha sido posible mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con servicios mancomunados que no podían ser prestados desde lo individual".
EL "OBJETO SOCIAL"
No obstante, el presidente de la Diputación ha admitido abiertamente que ha habido casos de una gestión inadecuada. En primer lugar, a su juicio, porque "el objeto inicial" de estas entidades satélite, como la recogida de residuos sólidos urbanos o el ciclo integral del agua, fue "transformado" hacia "un objeto social mucho más amplio" a la búsqueda de ingresos, extremo que encuentra buenos ejemplos en el caso de la estación de servicio gestionada indirectamente por la sociedad municipal de Mairena del Aljarafe (Sodefesa) o el hotel asociado a la extinta sociedad municipal de Guillena (Diprasa).
"Con el afán de los alcaldes de turno de ampliar los servicios, algunos se metieron en camisas de once varas en lo que se pensaba que podía ser una fuente de ingresos", ha manifestado Rodríguez Villalobos reconociendo que, en numerosos casos, "el objeto social" de estas entidades fue desviado hacia un carácter más bien "empresarial" que, sencillamente, "no tiene razón de ser en el manto de la administración pública". "Un empresario es un empresario y uno, por muy alcalde que sea, no puede actuar como un empresario", se ha encogido de hombros Rodríguez Villalobos.
En ese sentido, ha explicado que, de cualquier modo, las cosas funcionaron así "hasta que llegaron las vacas flacas", pues pese a desplomarse la actividad e ingresos de estas entidades satélite de la administración pública, los dirigentes "no querían echar a la gente", es decir despedir a los trabajadores que dependían de estos organismos, y tal extremo derivó en graves tensiones financieras y la posterior quiebra de entidades como las enumeradas. "Desde un principio, se debería haber rebajado las estructuras de estas entidades para adecuarlas a la realidad, pero no se hizo", ha considerado.
Sin embargo, el presidente de la Diputación ha defendido que los casos de quiebra y colapso económico no corresponden a la "mayoría" de mancomunidades, consorcio y sociedades municipales, defendiendo este modelo de administración como manera de "resolver muchos problemas" a la hora de prestar servicios públicos.
