La Fiscalía de Sevilla pide que se abra juicio oral contra el alcalde de Brenes, Manuel Moreno (PSOE), y contra el concejal de sostenibilidad urbana, Rosalino Daza, y que se condene a cada uno a dieciocho meses de prisión por otorgar dos licencias de ocupación a sabiendas de que eran ilegales.
El fiscal, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, señala que las dos licencias de ocupación concedidas en 2011, en la calle Cantillana y la avenida de Portugal de la localidad sevillana, "son claramente contrarias a la normativa de planeamiento".
Por un delito continuado contra la ordenación del territorio por prevaricación, solicita imponer a cada acusado dieciocho meses de prisión, multa de 24 meses con cuotas diarias de veinte euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años.
En el caso de la vivienda de la calle Cantillana, según el fiscal, cuando se solicitó la licencia de ocupación el arquitecto municipal informó de que no se había terminado y que las obras no se ajustaban al proyecto por un exceso de 161 metros cuadrados, por lo que proponía que se incoaran expedientes para restituir el suelo, para imponer una multa y para incoar expediente sancionador.
El secretario municipal, en octubre de 2011, también alertó de que la obra ejecutada era "disconforme con la licencia de obras e imposible de legalizar" por lo que informaba al alcalde de que no debía conceder la licencia de ocupación.
A pesar de "la claridad de los dos informes" que advertían de la imposibilidad de conceder la licencia de ocupación, el concejal "sin justificar mínimamente la propuesta discordante" propuso "de manera arbitraria" al alcalde que la concediera, "sabiendo que no debía darse".
El alcalde, "perfectamente consciente de la manifiesta injusticia de otorgar la licencia" denegó la propuesta de incoar los expedientes y concedió la licencia el mismo día.
El procedimiento fue "casi idéntico" para la vivienda de la avenida de Portugal, ya que a la petición de 2009 existía un informe desfavorable (de 2011) del arquitecto municipal y del secretario municipal, aunque Daza propuso de nuevo "de forma arbitraria" al alcalde que concediera la licencia y el primer edil lo hizo el mismo día "a sabiendas de que su comportamiento era ilegal".
El fiscal añade que solo tras la incoación de una investigación preprocesal los acusados tomaron iniciativas para revisar de oficio las licencias ilegales y para restaurar el suelo a su estado "compatible con la legalidad" y agrega que ambas licencias han sido declaradas nulas en 2013 por una resolución del pleno.
