Estepona

Tres empresas optan a construir el bulevar de Estepona, mientras IU lleva el proyecto a los tribunales

La apertura de ofertas del titánico proyecto, que requiere una inversión de 30 millones de euros, tendrá lugar la próxima semana. Mientras, Izquierda Unida pide la suspensión cautelar al entender que el pliego incurre en ilegalidades. Denuncian que multiplica por cuatro la edificabilidad.

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Tres empresas pujan por construir el gran bulevar en Estepona, el considerado proyecto estrella de los populares y que prevé convertir la zona de Parque Central y Avenida San Lorenzo en un área de expansión comercial y turística. Es la tercera vez que el Consistorio saca a concurso el proyecto, que requiere de una inversión de nada más y nada menos que 30 millones de euros.

El Ayuntamiento ha informado que la apertura de ofertas tendrá lugar el próximo miércoles 12 de febrero. Aunque no lo tendrán nada fácil los populares, después de que Izquierda Unida haya presentado un recurso contencioso administrativo. La formación que coordina Antonio Murcia lleva a los juzgados el pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento al entender que incurre en ilegalidades.

La iniciativa incluye la construcción de una futura casa consistorial de 6.000 metros cuadrados para aglutinar todas las dependencias municipales. Es la contrapartida que se lleva el Ayuntamiento, a cambio de ceder el suelo a la adjudicataria durante los próximos 75 años. Junto a esto, el pliego de condiciones, puesto en entredicho por IU, también contempla que el Consistorio subvencione las obras con un importe de 3 millones de euros a la empresa que se haga con ellas.

Izquierda Unida apuesta por construir el bulevar desde el sector público, con ayudas de los fondos europeos para poner en marcha proyectos de este tipo en enclaves azotados por el paro, como Estepona. En el recurso presentado además piden la suspensión cautelar de actuaciones hasta que los tribunales se pronuncien sobre el proyecto.

La vulneración de la normativa urbanística municipal, la falta de informes de organismos supramunicipales que obligatoriamente tienen que intervenir, como la Demarcación de Costas o el área de Urbanismo de la Junta, junto a la denuncia de un aumento ilegal que cuatriplicaría la edificabilidad prevista en la zona son algunos de los argumentos puestos sobre la mesa por Izquierda Unida. Ahora serán los tribunales los que dictamen si el proyecto cumple o no la ley.

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