El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva ante las sospechas de que pudo defraudar 9,1 millones de euros y no tributado por un importe total 37,9 millones de contratos suscritos en 2011 y 2013.
El magistrado cree que existen "indicios suficientes para la investigación acerca de la posible comisión del delito contra la Hacienda Pública por parte de la entidad FC Barcelona" y ofrece personarse a la Abogacía del Estado, además de solicitar diversa documentación a la Agencia Tributaria y a las sociedades del padre del jugador.
En un auto, hecho público este jueves, el magistrado acoge la petición del fiscal de solicitar a la Agencia Tributaria las declaraciones voluntarias de liquidación de impuestos de 2011, 2012 y 2013 del club barcelonista relacionadas con este fichaje y que certifique si éste último se consideraba a efectos fiscales como "no residente en 2013 con la obligación de tributar en España o, en su caso, debía hacerlo en Brasil".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide además que la AEAT informe sobre la incidencia fiscal de esas transacciones económicas, que calcule la cuota supuestamente defraudada y, en su caso, haga una propuesta de regularización fiscal.
Ruz solicita al padre del futbolista, Neymar Da Silva Santos, los Estatutos de las cuatro sociedades en las que aparece como representante legal para saber su objeto social y las declaraciones tributarias en los ejercicios de 2011 y siguientes.
Según el auto, las cantidades económicas abonadas por el FC Barcelona que excedieron el pago al club cedente, el Santos, por la adquisición de los derechos federativos del jugador, "se abonaron además a otras sociedades aparentemente vinculadas al jugador" y "podrían responder a una mayor retribución teniendo en tal caso la consideración de rendimientos el trabajo y debiendo tributar por este concepto".
Teniendo en cuenta la fecha y dado que el contrato no entró en vigor hasta el 29 de julio de 2013, el juez concluye que Neymar tenía la condición fiscal de no residente ya que había permanecido en España un periodo inferior a los 183 días durante ese año, por lo que "la obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que debía practicar la retención sobre el ingreso íntegro de las retribuciones abonadas", en concreto, el 24,75 por ciento de los rendimientos derivados del trabajo.
No obstante, el juez precisa que el Barça sólo realizó esa retención por el impuesto de la renta de los no residentes sobre los 8,5 millones que se abonaron al jugador en la nómina de septiembre de 2013 y no incluyó otras cantidades abonadas a empresas de su padre que habrían alcanzado los 10 millones en 2011 y los 27,9 millones en 2013.
NUEVA QUERELLA.
En un segundo auto, el juez Ruz admite parcialmente la nueva querella presentada por Manos Limpias contra el expresidente del club azulgrana Sandro Rosell, el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente económico del club, Javier Faus, y el padre del jugador, Neymar da Silvia Santos.
El magistrado impone como condición previa a los querellantes que depositen una fianza por importe de 45.000 euros para admitir su demanda. Rosell dimitió el pasado 23 de enero y dejó el club en manos de Bartomeu, tras la admisión a trámite por parte del juez de la primera querella presentada por el llamado 'caso Neymar' por parte del socio del Barça Jordi Cases. Las firmas de los querellados aparecían en una decena de contratos suscritos con las sociedades del padre del jugador.
La Fiscalía sostiene que las transacciones económicas se basaron en "contratos simulados" y operaciones de "ingeniería financiera" alrededor de la "órbita" del delantero, que no respondían a la realidad y con las que se pretendía "cometer el engaño" a la Hacienda Pública.
