La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado, finalmente, el recurso de apelación promovido por las familias que habitan sin relación contractual alguna los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', contra el auto del Juzgado de Instrucción número tres que ordena el desalojo forzoso del inmueble a cuenta de la usurpación de las viviendas.
En un auto fechado este pasado lunes y recogido por Europa Press, la sección tercera de la Audiencia Provincial da cuenta del mencionado recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número tres que, merced a las peticiones de la propiedad de las viviendas, ordena el desalojo forzoso de las mismas, toda vez que la juez ha ordenado ya incluso que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "den cumplimiento" al desalojo.
En su auto, la Audiencia Provincial recuerda que la propiedad de las viviendas "ha solicitado reiteradas veces el desalojo" y que median "claros indicios de un delito de usurpación de un bien inmueble", pues las familias "se encuentran en posesión de unas viviendas sin título alguno y contra la voluntad de su propietaria". "El auto recurrido cumple las exigencias y está debidamente motivado", esgrime la Audiencia, que defiende "la proporcionalidad y finalidad de la medida adoptada" y desestima el recurso de apelación.
La defensa de las familias, el grupo de juristas independientes 17 de Marzo, ha elevado en consecuencia un escrito al Juzgado de Instrucción número tres, solicitando la suspensión del auto que ordena a las fuerzas de seguridad del Estado que den cumplimiento a la orden de desalojo forzoso, hasta que se resuelva la petición formulada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), para que el auto inicial del desalojo forzoso sea suspendido por posibles vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
"El desalojo de la única vivienda con que cuentan las familias, que se encuentran en situación de exclusión social vistos su falta de trabajo y sus escasos o inexistentes ingresos, les coloca en una situación de mayor riesgo que podría desembocar en situación de calle e indigencia", señala la defensa, que a través de este escrito recogido por Europa Press avisa de la posible "vulneración del derecho a la integridad de las familias, vulneración del derecho a la vida privada y familiar, pérdida brusca del status socio-económico, y en última instancia marginación".
VIVIENDAS OCUPADAS DESDE 2012
Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.
Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
LA 'CORRALA UTOPÍA'
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.
