La Plataforma Sindical Unitaria del Centro Penitenciario de Córdoba, formada por CSIF, UGT y CCOO, ha convocado este miércoles una concentración en la puertas de la prisión de Alcolea, con la presencia de medio centenar de personas, para expresar el rechazo de los trabajadores de la cárcel al proceso de "privatización" iniciado por Instituciones Penitenciarias con la seguridad exterior de las prisiones, así como para criticar "el déficit de recursos humanos que impide garantizar el correcto desarrollo del centro penitenciario".
En este sentido, el delegado de CSIF Córdoba en la Junta de Personal en la prisión de Alcolea, César Torres, ha lamentado "la escasez de personal" que aqueja a esta instalación desde hace varios años, al tiempo que ha recordado que este centro penitenciario fue ideado para acoger a 1.008 internos. Sin embargo, actualmente da cobijo a unos 1.600. Torres señala que "el déficit de plantilla supera el diez por ciento, de modo que muchas veces tan solo hay uno o dos funcionarios por cada 200 presos".
El sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF Córdoba indica que el déficit estructural de personal que padece la prisión está "agudizado por la ausencia" de ofertas públicas de empleo, "el incumplimiento" de la tasa de reposición y "el envejecimiento" de la plantilla. Y es que, "sin trabajadores no se pueden desarrollar los preceptos constitucionales ni garantizar la custodia de los internos", advierte el representante de CSIF.
En esta línea, el sindicato muestra su solidaridad con los trabajadores de la prisión que resultaron heridos el pasado domingo tras los incidentes ocurridos en el interior del recinto y protagonizados por algunos presos. "Estos hechos solo vienen a demostrar la evidente falta de medios humanos y materiales que existe en el centro penitenciario", ha reclamado Torres.
La Plataforma Sindical Unitaria también critica la privatización iniciada por Instituciones Penitenciarias al contratar para la vigilancia del perímetro exterior de la prisión a una empresa de seguridad privada. Esta labor era ejercida anteriormente por agentes de la Guardia Civil. Torres apunta que "la ejecución de la condena no puede guiarse por intereses económicos, puesto que ese escenario llevaría a un modelo de Instituciones Penitenciarias privado, ajeno al modelo social y democrático".
