La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, quien el pasado mes de febrero se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la magistrada le imputara tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
La jueza le imputa a Rivas que, como autoridad laboral competente, “autorizaría un considerable número de ERE que recibirían subvenciones sociolaborales” de la Dirección General de Trabajo “con total ausencia de procedimiento”, lo cual sería conocido por el imputado “pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial”.
“Gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando Rivas el carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas así como en la inclusión de ciertos “intrusos”, dice la jueza, que también analiza el papel de Rivas en relación con los ERE de Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox.
En virtud de todo lo anterior, la jueza le impone la fianza “todo ello sin perjuicio de las variaciones que pueda experimentar la cantidad resultante en virtud del resultado de las diligencias de instrucción que se siguen practicando, en particular las relativas a Mercasevilla”.
En un segundo auto, la jueza también fija fianzas civiles para tres exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo de la Junta, en concreto Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado, y Lourdes Medina.
