El pasado día 2 de mayo se celebró una boda en la puerta de entrada del Juzgado de Paz de Tarifa. Noticia que en principio, no llamaría la atención como todas las bodas que se vienen celebrando en este Juzgado desde hace años. Pero teniendo en cuenta que uno de los contrayentes de la misma, lo hacia con muletas, como consecuencia de una minusvalía que padece, este sindicato ha comprobado como dicha persona no pudo acceder a las dependencias del Juzgado de Paz que se encuentran al final de una empinada escalera, y la boda tuvo que celebrarse en la puerta de entrada al mismo, dado que el edificio carece de ascensor.
Por parte del sindicato STAJ el pasado mes de noviembre se denunció que dicho Juzgado no reúne las medidas de seguridad e higiene que debe tener una sede Judicial. Existe una única puerta de entrada y salida, escaleras muy empinadas para llegar a la Oficina Judicial que impide el acceso a personas mayores y a ciudadanos aquejados de alguna minusvalía, obligando a atenderlos en el portal del edificio o en la misma calle, como ha ocurrido el día en que se ha celebrado esta boda.
Son numerosas normativas las que están vigentes en España desde la Constitución hasta el Estatuto de Autonomía andaluz, que reflejan como los poderes públicos deberán remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social , y prevén la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, y también existen numerosos Decretos en los que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
El Ayuntamiento de Tarifa, no debería desconocer toda la normativa vigente respecto al acceso de personas con discapacidad en los edificios públicos y cumplir lo que la misma establece, haciendo la inversión oportuna para que ningún ciudadano se vea discriminado y en el supuesto que dicha reparación de obras fuera inviable, debería buscar una solución que pudiera consistir en la nueva ubicación para el Juzgado Paz que permita a todos los ciudadanos y ciudadanas el acceso libre a sus instalaciones sin dificultades, a fin de evitar que hechos de similares características se repitan.
