La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado que su departamento continuará con el proceso de realojo de las familias de la Corrala Utopía después de que los informes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla haya confirmado que se encuentran en “riesgo de exclusión”, requisito indispensable para poder realojarlas de forma temporal, aunque la medida ha provocado las críticas del PP y municipales, frente al respaldo de la Junta y de IU, que ha pedido hasta que el alcalde pida perdón a las familias implicadas.
Según Cortés, el realojo es “un proceso justo y legal”, amparado en la Ley del Derecho a Vivienda, y ha reanudado el “realojo provisional y transitorio” tras comprobar que 15 de las 17 familias de la Corrala “presentan riesgo de exclusión social o directamente exclusión social”, unos informes que “aportan rigurosidad” al proceso.
Además, insistía en el que Ayuntamiento tiene un baremo social para la adjudicación de viviendas que “excluye taxativa y explícitamente” los procesos de realojo, para los que la Junta sólo se requiere los informes sociales, que es lo que han solicitado.
De las 17 familias de la Corrala Utopía, quedan dos por evaluar, una que no está empadronada en Sevilla, derivada al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, y otra pendiente de evaluación que continuará realojada (una de las ocho iniciales) al tener un hijo menor a su cargo.
Cortés, que aseguraba no tener “ninguna sensación de haber ganado ningún pulso” en el seno del Gobierno andaluz, veía cómo el propio portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, respaldaba el proceso de realojo y criticaba el intento de confusión del Ayuntamiento entre el acceso a una vivienda social y el realojo temporal y excepcional que supone este caso.
Alicia Martínez, diputada del PP-A, sin embargo, considera que el realojo es “un premio de IU a activistas que comparten su ideología”, criticando que la presidenta Susana Díaz haya respaldado “la falta de rigor, el sectarismo y el abuso de poder de la consejera de Vivienda”.
Responsable, la Junta
Tampoco ha sentado muy bien esta medida en el Ayuntamiento de Sevilla, cuya delegada de Asuntos Sociales, Dolores De Pablo-Blanco, no sólo ha rechazado que sus informes avalen este realojo, sino que consideran que ellos han cumplido con la ley y es la Junta “la responsable de dar las llaves” y la que tiene que explicar qué baremos ha utilizado para otorgar esas viviendas.
Según De Pablo-Blanco, en la ciudad de Sevilla “hay muchos ciudadanos” que cumplen el requisito de estar en situación de exclusión, por lo que tendrá que ser la Junta la que explique qué criterios ha aplicado porque “todo realojo, provisional o no, implica una adjudicación”, dice.
El Consistorio tampoco se ha salvado de las críticas. Mientras el portavoz municipal de IU, José Manuel García, aseguraba que los informes demostraban que “Juan Ignacio Zoido ha mentido” con la situación de exclusión de esta familias, su coordinador regional, Antonio Maíllo, iba más allá instando al alcalde hispalense a pedir perdón a estas familias porque el proceso de realojo se hizo de forma “impecable”, con “solvencia y rigor”.
Zoido cuestiona la patada en la puerta
El alcalde ha defendido la actuación municipal y se ha preguntado por los criterios de selección de la Junta. “No sabemos si ellos reconocen como valor a tener en cuenta la patada en la puerta para ocupar una vivienda”.
