El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, ha indicado este viernes ante el juez que, cuando accedió en a la Concejalía de Urbanismo, la finca rústica que adquirió la sociedad de la que formaba parte, y que se vendió dos años después, "ya tenía" la calificación de urbanizable en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que era "publico" cuando se produjo la compra, y ha negado, por tanto, el presunto tráfico de influencias que se le imputa.
Góngora (PP) ha sostenido que la empresa, de la que eran administradores, asimismo, su padre, su hermano y un cuarto socio, todos citados a declarar en calidad de imputados, "no ganó dinero" con la venta posterior de estos terrenos ya que la operación "salió perjudicada" pese a que un informe de la Agencia Tributaria incorporado al procedimiento indica que la venta se cerró por "1,2 millones de euros", según han informado fuentes judiciales.
Las mismas fuentes han afirmado que Góngora, quien ha entrado y salido en vehículo por la puerta del garaje de la Ciudad de la Justicia de El Ejido, aún no ha depositado la fianza civil de 2,3 millones de euros impuesta por este supuesto delito fiscal de forma conjunta y solidaria a todos los imputados por el magistrado, quien dio diez días de plazo antes de proceder al embargo de bienes.
Frente a los testimonios "exculpatorios casi al cien por cien" de los cuatro imputados, la acusación particular ejercida por el Partido de Almería (PAL), que interpuso la denuncia que ha dado lugar a la investigación penal, ha remarcado que la "prueba documental" que obra en la causa "es muy tozuda" y ha recordado que llevó a la Audiencia de Almería a revocar en marzo el sobreseimiento provisional decretado por el Juzgado de Instrucción número 2.
Así lo ha indicado a los periodistas tras concluir las declaraciones el abogado de la formación política, Juan Carlos Calatrava, quien ha insistido en que esta apunta a que la finca se "adquirió en trámite de recalificación" de rústica a urbanizable y a que el regidor ejidense "era concejal de Urbanismo cuando se creó la sociedad".
Al tiempo, y tras recordar que el delito fiscal hace referencia al posible impago por parte de Agrícola Euro-Alpujarra SL del impuesto de sociedades de 2007 --fecha en que se escrituró-- por importe de 296.072,03 euros, ha señalado que también obra en el procedimiento un contrato "privado" que "contradice las escrituras públicas que se otorgaron para la compraventa".
"Lo cierto en que esto no interviene directamente Góngora, sino su hermano, pero lo hace en nombre de la sociedad de la que forma parte, por lo que cabe deducir que ha obtenido beneficio de acuerdo al proceso deductivo lógico", ha explicado Calatrava, quien ha considerado que si el caso "se hubiera investigado en plazo" también se podría haber incurrido "en un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios".
Precisamente con relación al citado contrato privado bajo sospecha, se ha practicado otra de las diligencias que ordenó el magistrado Francisco José Domínguez en su auto de 21 de julio y se ha tomado cuerpo de escritura a los cuatro imputados para la pericial caligráfica que debe determinar la posible autoría de unas anotaciones existentes en el documento de compraventa de fecha 19 de abril de 2004.
PRUEBA CALIGRÁFICA
Queda así pendiente la práctica de otras diligencias instructoras como, entre otras, una pericial de un agente de la propiedad inmobiliaria y un arquitecto superior para la valoración de los inmuebles transmitidos según el precio de mercado existente en la fecha de la transacción y el oficio de la Policía Judicial en el que debe averiguar los precios de venta declarados en escrituras públicas para inmuebles de características análogas a los transmitidos. Cabe recordar que, según la denuncia, "la venta se hizo en 2004 pero se recepcionó en 2007".
Calatrava, quien ha avanzado que interesará al juez la práctica de nuevas pruebas testificales y periciales a raíz de lo que han depuesto el alcalde, su padre, su hermano y el cuarto socio en sede judicial, ha valorado, no obstante, la marcha de la instrucción que, a su juicio, va a "buen ritmo" y la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de reabrir el caso.
Cabe recordar que el juzgado archivó en diciembre de 2011 la denuncia del Partido de Almería (PAL) al estimar que los supuestos ilícitos penales que detallaban, entre los que figuraban además de los dos vigentes, blanqueo de capitales, negociación prohibida a funciones públicos y falsedad documental, habían prescrito.
Tres años después, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial revocó esa resolución en apelación y estimó parcialmente el recurso del partido liderado por Enciso al concluir que no se tenían datos necesarios" para considerar prescritos al menos dos de esos delitos.
El tribunal, que reprochó al anterior instructor que tuviese que resolver "con la escasa información que le suministra el testimonio remitido en cuanto no se han practicado diligencias de averiguación de los hechos objeto de la denuncia, concretó para descartar la prescipción de, al menos dos delitos, que en el caso del presunto tráfico de influencias, podía ser tomado como fecha "bien el contrato privado de compraventa de fehca 19 de abril de 2004, bien el contrato de compraventa elevado a escritura pública de dicha finca otorgada el día 21 de agosto de 2007" y que, "en ambos supuestos se habría materializado el presunto delito"
Con respecto al presunto delito cometido contra la Hacienda Pública, sostuvo para reabrir el caso que la posible infracción "no estaría prescrita habida cuenta que si la compraventa se llevó a cabo en escritura de fecha de 21 de agosto de 2007 y la denuncia del PAL se interpuso el 16 de mayo de 2011, aún no había trascurrido el plazo prescriptivo de cinco años.
FUERTE DISPOSITIVO POLICIAL
Las declaraciones, que estaba previsto se iniciasen a las 09,00 horas, se han prolongado a lo largo de toda una mañana que se ha desarrollado en medio de un fuerte dispositivo policial integrado por agentes tanto de la Policía Nacional, que han escoltado la entrada y salida del vehículo en el que Góngora ha accedido a la Ciudad de la Justicia, como de la Policía Local.
También se ha personado ante las puertas de la sede judicial una nutrida representación de IULV-CA portando una pancarta en la que se leía 'Basta de alcalde corruPPtos' con el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de El Ejido, Serafín Pedrosa, quien ha vuelto a exigir la dimisión del regidor como ya hiciera la oposición en bloque hace dos días.
