Los partidos de la oposición municipal (PSOE e IU), los sindicatos UGT y CCOO, así como vecinos y distintas asociaciones ecologistas y conservadoras se reunieron ayer a las puertas de la antigua fábrica de Altadis para pedir al Ayuntamiento hispalense que retire el convenio urbanístico firmado con la multinacional destinado al aprovechamiento de esos terrenos ahora en desuso, un convenio que se está llevando a cabo “con numerosas irregularidades e ilegalidades”, según las organizaciones allí congregadas.
Todos ellos, apoyados además por colectivos como Equo, la asociación cultural Ben Baso y la Asociación de vecinos Guadalquivir-Los Remedios, hicieron frente común para solicitar al quipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido la retirada del acuerdo urbanístico de la orden del día del Pleno del próximo viernes, que prevé aprobar el texto definitivo del convenio. Además, criticaron la actitud del Consistorio en el proceso al desestimar todas las alegaciones presentadas.
Los portavoces municipales de PSOE e IU, Juan Espadas y José Manuel García, respectivamente, coincidieron en señalar que si el Consistorio aprueba el acuerdo significaría “una hipoteca para el futuro de la ciudad”, señaló Espadas, ya que el texto se ciñe a los “intereses privados” de Altadis, para poner a su servicio “y no al de la ciudad” un “terreno privilegiado de Sevilla”, indicó García.
En la misma línea se manifestó el representante de CCOO, Miguel Ángel Santos, que sospecha que detrás de esta operación urbanística se esconda la intención de Altadis de construir otro centro comercial en la ciudad. Algo refrendado por su homólogode UGT, Juan Bautista Ginés, que subrayó que “el margen del texto es muy abierto para que la empresa haga aquí loque le de la gana”.
Falsa participación
Otro punto en el que coinciden todos los colectivos es el de la “falsa participación ciudadana” en el proceso al haber sido desestimadas las alegaciones. Así, la portavoz de Ecologistas en Acción, Laura Soler, que señaló que presentarán nuevos recursos contra esta decisión, indicó que sus alegaciones estaban “perfectamente argumentadas” y no eran superficiales.
La aprobación definitiva del convenio está pendiente de una modificación del PGOU para la recalificación de los terrenos ahora catalogados como suelo industrial, para pasar a ser Suelo de Interés Público y Social (la parte a entregar al Consistorio) y el resto (con los que se quedaría Altadis) calificados como suelos de uso terciario.
