La amenaza y seria la que se le cierne a los clubes deportivos amateur. A las ya limitaciones que cuentan con la escasez de sponsor, la bajada y recortes en las subvenciones y la cada vez más complicaciones ante el carencia de instalaciones, ahora, y si como no fuese ya poco ante el panorama que se le avecina, Hacienda y el Ministerio de Trabajo vigila y de forma preocupante, acechan su futuro.
El Gobierno Central a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su Disposición adicional decimosexta, ha establecido lo que denomina “regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro”.
Para el cumplimiento de este mandato legal se constituyó en el primer trimestre de 2014 un grupo de trabajo compuesto por miembros del Consejo Superior de Deportes (en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes) y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social (en representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social), que ha elaborado el documento denominado “Estudio sobre la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro”.
La última campaña de inspecciones del Ministerio de Trabajo, que aspira a que las entidades deportivas den de alta en la Seguridad Social a cualquier empleado que tenga una prestación económica, así como la reducción de las subvenciones —hoy se destina un 30% de dinero menos que hace dos años— y su propia precariedad, producto de un ejercicio de voluntarismo, han obligado a los distintos agentes a un replanteamiento para superar la crisis.
La solución es crear la figura del voluntario compensado como expresión de la función social del deporte.
Incertidumbre
En la práctica se traduce en la novedosa obligación de afiliación a la Seguridad Social,con la correlativa obligación de abonar las correspondientes cotizaciones, tanto por parte de los clubes deportivos de base (en calidad de empresarios), como de sus deportistas, entrenadores, técnicos, masajistas, monitores, preparadores físicos, etc. (en calidad de trabajadores), no sólo en los casos en que la retribución sea igual o superior al salario mínimo interprofesional, sino también, y esto es lo grave e injusto, cuando exista el más mínimo pago,siquiera sea compensatorio (por ejemplo 100 euros/mes), por parte del club a estos últimos.
Es decir, se legaliza un nuevo gasto para los clubes de base no profesionales en forma de cotizaciones laborales y sociales para las mermadas arcas de estas asociaciones sin ánimo de lucro, cuya mayoría sobrevive con las aportaciones de los padres de sus jóvenes deportistas y que realizan una encomiable labor social, generalmente con el voluntarismo y altruismo.
250 euros de sueldo pasaría a costar 350
Un ejemplo que pudiera servir para retratar la nueva realidad sería que un entrenador o monitor de un club que recibe de su club 250 euros al mes, a partir de ahora, la entidad pasaría a gastar otros 100 euros más para pagar su cotización a la Seguridad Social.
Esto provoca dos soluciones: que el club tenga que recortar los 100 euros de lo que le paga al entrenador, o que esos 100 euros se repercutan en los jóvenes que practican deporte, es decir, hoy por hoy, en sus padres. O que, excepcionalmente, se admita por la inspección de la S.S. su condición de voluntario debiendo para ello aportar el entrenador facturas por dietas, desplazamientos, etc. y el club verse sometido a un estrictísimo control formal de justificación de dichos gastos, no exento de interpretaciones.
