Provincia de Granada

El plan específico de inspección tributaria de la capital destapa una bolsa de fraude de cinco millones

Ledesma ha dado estos datos en respuesta a las críticas realizadas por IU respecto a que los funcionarios que se encargan de este plan específico cobren una productividad de 75.000 euros

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El Ayuntamiento de Granada ha destapado una bolsa de fraude de cinco millones de euros por el impago de impuestos y tasas municipales a través de un plan específico de inspección tributaria puesto en marcha al inicio del presente mandato, según ha informado en rueda de prensa el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma (PP).

   Este plan específico, que se suma a las actuaciones que de manera genérica se desarrollan en el área de Inspección, se centra en determinados impuestos, como el ICIO, el IBI, el IAE y las plusvalías o impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos; así como en las tasas por la prestación de licencias urbanísticas y por ocupación de la vía pública.

   Ledesma ha dado estos datos en respuesta a las críticas realizadas por IU respecto a que los funcionarios que se encargan de este plan específico cobren una productividad de 75.000 euros.

   El edil ha matizado que las siete personas que reciben esta productividad, "valorada exclusivamente por objetivos", son funcionarios del área de Inspección y lo cobran por realizar el trabajo extraordinario recogido en este plan específico para destapar bolsas de fraude tributario.

   De este plan se han desarrollado 783 procedimientos inspectores que permitirán recuperar unos cinco millones de euros que han sido defraudados, lo que a juicio del edil justifica la citada productividad como un "dinero muy bien empleado". Ha criticado en este sentido la "demagogia" que a su entender ha ejercido IU sobre este asunto.

   En la bolsa de fraude destapada se incluyen tanto los impagos de impuestos y tasas de administraciones, como de empresas y de particulares. Estos últimos suelen tener bastante arraigado el pago del IBI, que abonan el 89 por ciento de los ciudadanos, de modo que la mayoría del fraude en este colectivo se centra en las plusvalías.

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