El senador de la Entesa pel Progrés de Catalunya, Joan Saura (ICV), ha presentado una proposición de ley en la Cámara Alta para reformar la Ley de Secretos Oficiales y limitar de 30 a 50 años el tiempo en una materia puede estar clasificada como confidencial, de forma que sea de acceso público transcurridas esas décadas. De aprobarse este año, quedarían desprotegidos los documentos anteriores a 1968, es decir, los de la Guerra Civil y buena parte del Franquismo.
La iniciativa propone un cambio en una ley de 1968 que se aprobó para permitir la declaración como materias clasificadas de aquellos asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos "cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado".
La norma no limita el tiempo que una materia puede contar con esta protección y establece una lista de las autoridades que tienen capacidad para decidir la calificación, como el Consejo de Ministros y sus miembros, los embajadores y altos mandos militares, responsables de seguridad y la Guardia Civil.
La proposición de ley de la Entesa acaba de ser publicada en el Boletín Oficial de la Cámara para su tramitación. El plazo para la presentación de textos alternativos sobre el mismo objeto o materia finalizará el próximo día 23 de febrero, lunes.
COMO EN EUROPA
El senador explica que la mayoría de países europeos tiene legislaciones muy distintas. Por ejemplo, el Reino Unido desclasifica documentos después de 30 años "y desde 2013 está reduciendo este plazo para que en 2022 sea de sólo 20 años".
Añade Joan Saura que Suecia, "el país pionero y vanguardista en materia de transparencia informativa", limita la confidencialidad a 40 años en materia de seguridad internacional.
SECRETOS ANTES DE 1968, "NO TIENE SENTIDO"
"No tiene sentido, a día de hoy, mantener clasificados documentos e informes anteriores a 1968", afirma el senador de ICV, que recuerda que el año pasado unos 300 investigadores e historiadores exigieron al Gobierno la desclasificación de 10.000 documentos militares del franquismo y la Guerra Civil, y la de los documentos diplomáticos de más de 30 años de antigüedad.
"Con la negativa del Gobierno del PP, España se convierte, según la opinión de historiadores e investigadores, en el farolillo de cola del mundo occidental en materia de acceso a archivos políticos, diplomáticos y militares", añade Saura en la exposición de motivos de la proposición.
En este contexto, se propone poner un limite temporal de 30 años a la clasificaciones, prorrogable en dos periodos más de diez años, para evitar que un documento pueda ser secreto "de forma indefinida hasta que el Gobierno decida lo contrario, aunque hayan desaparecido las causas para su clasificación".
Además, en la proposición se incluye que sea obligatoria la motivación de la clasificación, un requisito ausente de la actual Ley de Secretos Oficiales.
En tercer lugar, se actualiza la competencia para declarar materias reservadas, atribuyéndola exclusivamente al Consejo de Ministros. Se elimina así la referencia a la Junta de Jefes de Estado Mayor del artículo 4 de la ley, puesto que este órgano ya no existe.
