La Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aprobará este lunes el proyecto de Ley de protección a la Infancia y a la Adolescencia, que iba a votarse este pasado miércoles, si bien se decidió posponer su debate y aprobación hasta este lunes con el fin de buscar el máximo consenso ya que sobre la mesa hay presentadas 432 enmiendas parciales y un centenar de transaccionales.
El texto, que modifica hasta una docena de normas vigentes, deberá ser refrendado por el Pleno de la Cámara Baja antes de ser enviada al Senado, dado su carácter orgánico.
En ella, se ha planteado la creación de un Registro de Delincuentes Sexuales que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores e información sobre su perfil genético de ADN y que será confidencial.
En el primer debate parlamentario del proyecto de ley, Alonso ya aseguró que se iban a reforzar las medidas contra los pederastas, de acuerdo con el convenio del Consejo de Europa de Lanzarote, para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual.
PROTECCIÓN CONTRA PEDERASTAS
Así, el proyecto de ley establece como requisito para poder ejercer una profesión que implique el contacto habitual con menores, aportar una certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales que pruebe que esa persona no ha sido condenada por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotación de menores.
Por otro lado, el Grupo Popular propuso otra enmienda para cambiar la Ley de Extranjería a fin de ampliar de 30 a 90 días el periodo de reflexión que se concede a las víctimas de trata con fines de explotación para que decidan si colaboran o no con la justicia en la investigación de los delitos cometidos contra ellas.
Además, el PP sugiere en esta ley una reforma de la Ley para la Mejora del Crecimiento y el Empleo del año 2006 para bonificar a quienes den empleo a víctimas de trata de seres humanos con una bonificación para el empleador de 125 euros al mes durante dos años por trabajador contratado de forma indefinida.
Alonso también adelantó que se agilizarán los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de 3 años, permanezcan con una familia y se crea la adopción abierta, que permitirá al menor mantener alguna clase de contacto con su familia biológica.
Asimismo, remarcó que el texto reconocerá como víctimas de violencia de género a los menores y prevé que puedan estar con sus madres; regulará por primera vez los centros para menores con problemas de conducta; y renovará el marco de protección de los menores, sobre todo, de los más vulnerables.
PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN
Por parte del PSOE, que ha presentado 80 enmiendas al texto, solicita inversión para el desarrollo de esta ley y propone que la pobreza no pueda ser una razón para la declaración de desamparo del menor, ni para quitar la patria potestad a los padres.
Por parte de CiU, Carles Campuzano, mantiene su "queja competencial" y pide que sigan siendo las comunidades las que decidan los países donde adoptar, a la vez que propone la supresión del copago para aquellas familias que acojan a menores.
Desde UPyD se ha presentado una batería de enmiendas entre las que resalta la inclusión en el texto de una nueva disposición adicional para crear una Ley Orgánica de Transexualidad que "garantice los servicios y prestaciones" de los menores en toda España.
El diputado de ICV Josep Pérez Moya, de la Izquierda Plural, ha centrado parte de sus enmiendas en la materia competencial, ya que considera que invade competencias a Cataluña.
Frente a las casi 400 enmiendas de la oposición, el PP ha propuesto un centenar de propuestas transaccionales para llegar a acuerdos puntuales y efectuar los cambios de redacción de la ley con amplios consenso. En ese contexto, se ha preferido posponer la reunión de la comisión hasta este lunes para que los grupos estudien bien los textos presentados hasta llegar a fórmulas pactadas.
