Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido ya a 13 personas en la provincia cordobesa en el marco de la 'operación EDUende', en la que se investiga el supuesto fraude masivo en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía.
Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, este jueves han sido detenidas unas cinco personas en Córdoba dentro del operativo, que se desarrolla desde el pasado lunes y en el que la Policía Nacional prevé unos 140 arrestos en toda la región andaluza.
En concreto, en esta nueva fase de la denominada 'Operación EDUende', además de empresarios, las detenciones afectan de lleno a cargos de la administración pública acusados directamente de ser responsables de la concesión de las subvenciones.
Al respecto, el operativo se inició el lunes, pero se extenderá a lo largo de casi todo lo que resta de mes de junio, según las fuentes, que apuntan que entre los arrestados hay directores, jefes de servicio y jefes de departamento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Almería.
En este sentido, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha imputado este miércoles al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública. En esta investigación, también ha sido imputado el exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba Antonio Fernández, indican las fuentes.
HASTA 3.000 MILLONES DE EUROS
Igualmente, han apuntado que serán detenidos numerosos funcionarios de las citadas cinco provincias, mientras que en Sevilla y en Huelva también se van a practicar en torno a un centenar de arrestos. En este caso, se trata sobre todo de empresarios que se beneficiaron de la concesión de esas subvenciones públicas de manera fraudulenta.
Al respecto, la mayoría de estas empresas recibía concesiones entre 60.000 y 200.000 euros y la UDEF estima que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros.
Desde que la UDEF comenzó esta investigación, la estrategia de los investigadores ha sido la de avanzar de abajo a arriba en la pirámide de responsabilidades. En ese sentido, los agentes especializados en delincuencia económica pasaron meses entrevistando personalmente a multitud de personas implicadas en esta trama masiva.
Las entrevistas --en torno a 3.500-- tuvieron lugar con profesores contratados para impartir los cursos, también a personas a las que inscribían como alumnos, responsables de empresas, etc. Todos ellos han ofrecido detalles sobre las presuntas irregularidades cometidas.
En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones les obligaban a declararse autónomos para después facturarles. Los investigadores advierten de que esta práctica era la que supuestamente empleaba entre otros el propio Ojeda. En muchos otros casos los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar.
