El colectivo de ocupas que utilizaba las antiguas naves de San Luis, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y donde se sitúa la parcela que antaño albergaba la sala teatral Endanza, ha recordado su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de dejar sin efecto el convenio de gestión suscrito en 2009 para este espacio y restituir el convenio urbanístico de 2005. Para ellos, la maniobra abre la puerta a "especular con los terrenos".
Después de que el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla haya aprobado definitivamente dejar sin efecto el convenio de gestión suscrito en 2009 para estas parcelas y "rehabilitar las condiciones" del convenio urbanístico suscrito en 2005, el colectivo de ocupas, desalojado de la finca el pasado 17 de julio, aún no ha celebrado una reunión para analizar el asunto.
No obstante, un portavoz del colectivo ha recordado a Europa Press que la posición fijada hasta el momento por el movimiento parte de la idea de que esta maniobra implica un ánimo de "especular con los terrenos", pues al restituir el convenio de 2005 "se ignora que el espacio tiene ahora una protección especial como consecuencia de la nueva normativa vigente", con lo que "el convenio de 2009 es mejor para los intereses generales".
Las antiguas naves de la calle San Luis, en pleno casco histórico de Sevilla y sujetas al área de reforma interior ARI-DC-02 del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), engloban la finca que albergaba la sala teatral Endanza, toda vez que el espacio, propiedad de la Sareb, estuvo hasta el pasado 17 de julio en manos de un colectivo ocupa que, sin título alguno, usaba este espacio para diversas actividades.
Pero el 16 de julio, el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, a través de un auto recogido por Europa Press, daba cuenta de que tras la denuncia de Cajastur por la "usurpación violenta y la ocupación del inmueble número 40 de la calle San Luis, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)", la citada entidad había solicitado "el desalojo" de la finca, aspecto apoyado por la Fiscalía.
DESALOJO CAUTELAR
Así, el juzgado dictaba "la medida cautelar consistente en el desalojo de los ocupantes" de los números 40 y 44 de la calle San Luis, librando oficio a la Policía "para que proceda al inmediato desalojo de los inmuebles". A primera hora del día siguiente, el 17 de julio, un despliegue policial se saldaba con la recuperación de la finca en favor de la Sareb.
La otra vertiente del asunto la encontramos en el plano urbanístico, dado que la Sareb había solicitado a la Gerencia de Urbanismo "dejar sin efecto" el convenio de gestión firmado en 2009 para el área de reforma interior de las naves de San Luis, así como rehabilitar las condiciones de gestión recogidas en el convenio de firmado el 28 de junio de 2005 entre las partes para el destino de estos espacios.
La petición de la Sareb fue aprobada inicialmente en la sesión del consejo de gobierno celebrada el 19 de marzo por la Gerencia de Urbanismo, con el voto favorable del PP y el PSOE y el voto contrario de IU-CA. El colectivo ocupa vinculado a este espacio, en ese sentido, avisaba que con la aprobación de la petición de la Sareb, "se modifica el convenio urbanístico que regula la situación de las naves y el 'banco malo' consigue que se tumbe el convenio firmado en 2009 con la Gerencia de Urbanismo, para volver a uno previo, de 2005, que es manifiestamente mejor para sus intereses".
EL USO RESIDENCIAL
Según el colectivo, con la anulación del convenio de gestión de 2009, prevalece el convenio de gestión promovido en 2005 para "cambiar el uso de los terrenos, considerados hasta entonces como equipamiento cultural, con el objetivo de propiciar un proyecto urbanístico con viviendas de lujo y aparcamientos subterráneos".
El concejal de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha defendido al respecto que el convenio urbanístico de 2009 contemplaba la creación de un "macro parking de 500 plazas" en estas parcelas, con una planta superior destinada a usos culturales, una opción que "ha fracasado" en este contexto de crisis económica, defendiendo el concejal la restitución del convenio de 2005 porque combina "el uso residencial acotado" con "garantías" para los "usos y equipamientos culturales", comprometiendo además a la Sareb a aportar 103.000 euros para la construcción de dichos equipamientos públicos.
