La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que justifica el retraso en la entrega de tres informes relativos a la causa en la que se investiga la "segunda época" de actividades de la trama Gürtel, que se desarrolló entre los años 2005 y 2009, por la "escasez de recursos personales".
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los técnicos de esta departamento, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, señalan que han tenido que realizar "un trabajo ímprobo" para atender las peticiones del magistrado y que no podrán entregar sus análisis antes del 30 de septiembre, fecha marcada como tope por el juez instructor.
Se trata de tres informes en los que debían analizarse las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) durante la etapa como alcalde de Arturo González Panero (PP), alias 'el Albondiguilla'; las adjudicaciones en Arganda del Rey que permitieron el mayor 'pelotazo' de la Gürtel, en el que Francisco Correa se embolsó 25 millones de euros en concepto de comisión; y las concesiones a la trama que realizó la empresa pública Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA).
El escrito de la IGAE, fechado el pasado 1 de octubre, destaca que sus técnicos han tenido que realizar "un trabajo ímprobo" durante los últimos meses porque la documentación relativa a Boadilla del Monte comprende un total de 97 legajos que contienen 45.424 páginas. No obstante, el organismo se compromete a remitir el informe sobre este municipio entre los días 5 y 10 de octubre y los otros dos análisis antes de final de mes.
SELECCIÓN DE INFORMACIÓN
Una vez seleccionada la documentación de Boadilla del Monte que resultaba relevante para la causa, los especialistas tuvieron que analizar 31.647 páginas comprendidas en 52 legajos que contenían la información relativa a 15 expedientes administrativos y todos los que se tramitaron como contratos menores.
Sin embargo, los trabajadores de la IGAE se encontraron con el problema de que "en muchos casos" la documentación remitida por este municipio "no seguía la secuencia normal o temporal de un expediente de contratación" sino que "se mezclaban de forma arbitraria e incluso aleatoria muchas carpetas y documentos". Además, en al menos cinco legajos aparecía documentación relativa a expedientes distintos y en otros casos éstos figuraban "incompletos".
Ante esta situación, según recoge el escrito, la IGAE se planteó la posibilidad de "proceder a la devolución de toda la documentación" a fin de solicitar "un nuevo escaneado", aunque esta posibilidad se acabó desechando para "no demorar o paralizar las actuaciones".
"GRAN ESFUERZO PERSONAL"
Así, los técnicos tuvieron que proceder "de forma manual" a la clasificación y tratamiento de los ficheros y al examen de la información "de forma visual y página a página", lo que supuso "un gran esfuerzo personal y un elevado número de horas de trabajo".
El informe también recuerda que, "a pesar de la escasez de recursos personales, en el pasado se valoró que en este momento procesal no era conveniente solicitar personal de apoyo". "No obstante, si ese juzgado lo considerara conveniente, debería solicitar de la IGAE la asignación a esta unidad de más personal", añade.
La Intervención General del Estado, encuadrada en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, es el órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública.
