La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez de vigilancia penitenciaria de rechazar la petición de una veintena de presos etarras de trasladarles a cárceles del País Vasco, ya que considera que con la política de dispersión actual no se conculcan sus derechos fundamentales.
En sendos autos, la sección primera de la Sala de lo Penal rechaza los recursos de estos presos -entre ellos Carlos Trenor- contra la decisión del juez de mantenerles en diferentes cárceles de España, al creer que este hecho no viola sus derechos de comunicación y visitas, defensa y asesoramiento jurídico, asistencia médica, así como a la cultura o a la educación.
"En este caso ninguna vulneración de derechos fundamentales con cobertura constitucional, u ordinaria, tanto a nivel nacional como internacional, se ha producido, ni se han contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni de ningún otro", dicen los magistrados.
Entre otros argumentos, la sala explica que en la actualidad, a la vista de los acontecimientos como el cese definitivo de la actividad armada, se ha modificado la política de dispersión y se posibilita "una especie de reagrupamiento controlado de los internos que han roto sus vínculos" con ETA con la denominada "vía Nanclares", en referencia a la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) donde se encuentran presos que han expresado su disidencia con la banda terrorista.
El magistrado Ramón Sáez ha formulado un voto discrepante, en el que sostiene que la cercanía, en ocasiones, a la familia y a los amigos "puede convertirse en un mecanismo de conexión con una realidad social cambiante que rechaza la violencia terrorista, lo que podría propiciar procesos de reflexión en clave de reconocimiento del daño causado a la víctimas".
