La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, abrirá una nueva pieza dentro del caso de los ERE relativa a las ayudas concedidas a empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva, que supondrá la investigación, nuevo término que sustituye a la imputación, de 200 mineros prejubilados.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la pieza la abrirá tras recibir un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza las ayudas, que suman miles de documentos en siete cajas archivadoras.
En esta nueva pieza se investigarán a 200 personas relacionadas con las ayudas concedidas a empresas mineras, que fueron prejubiladas, en algunos casos, con menos de los 52 años exigidos y además recibieron otras ayudas por desempleo.
La investigación por estas ayudas comenzaron en noviembre de 2011 por parte de la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, que reclamó información a la Junta de Andalucía sobre diez empresas mineras.
Peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por su parte, aportaron un nuevo informe a la juez en el que aseguraban que en el período 2002-2010 se concedieron ayudas por importe de 135,6 millones de euros.
De ese dinero, 128,8 millones se destinaron a los extrabajadores de empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva -para la financiación de las pólizas de seguro de rentas-, y otros 6,7 millones fueron para los ex trabajadores de las minas La Herrería, Río Tinto, Zarza e Insersa, también para la financiación de la póliza de seguro.
En la crisis minera de la Faja Pirítica se autorizó un ERE de extinción de contratos para 966 trabajadores, de los cuales 687 se acogieron al plan de prejubilaciones.
Según los peritos, el Ministerio de Trabajo siguió el procedimiento "adecuado" para otorgar y pagar las ayudas a los trabajadores afectados por procesos de reconversión o reestructuración de empresas.
La Junta de Andalucía, añadían los peritos, "prescindió absolutamente de procedimiento tanto para la concesión como para el pago de las ayudas" y la documentación del expediente era "incompleta, fragmentaria y no posee orden cronológico o sistemático alguno, careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos".
