El Tribunal Supremo ha pedido una fianza de 3.000 euros a cuatro miembros del PSOE de Boadilla (Madrid) para que puedan ser acusación popular en la investigación de posibles contratos irregulares firmados por la exalcaldesa de Jerez y diputada popular, María José García Pelayo, con empresas de la trama Gurtel.
El Supremo investiga a la diputada popular por haber firmado cuando era alcaldesa de Jerez contratos de adjudicaciones aparentemente irregulares a empresas de la trama Gürtel.
Los miembros del PSOE de Boadilla del Monte (Madrid) Fermín Íñigo, Pablo Nieto, Yolanda Estrada y Josefa Irene González han solicitado al tribunal formar parte del proceso en calidad de acusación popular. Para ello le ha sido solicitada la fianza, después de la cual podrán acusar a la investigada.
El Supremo abrió en septiembre de 2015 una causa para investigar si García Pelayo cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, elevó una exposición razonada al Supremo, apuntando que García Pelayo podría haber cometido el citado delito en relación con expedientes presuntamente tramitados de forma irregular y adjudicados a empresas de la trama Gurtel.
El Supremo alabó aquella "detallada y bien articulada" exposición realizada por De la Mata. Además, apuntó que las adjudicaciones se podrían haber hecho sin tener la competencia para ello y en virtud de acuerdos pactados con terceros y con simulación.
Ahora ha abierto una causa en la que la investigada ya ha declarado -negando haber firmado los contratos citados-. En este marco el alto tribunal deberá decidir si solicita al Congreso el suplicatorio para actuar contra la exalcaldesa y diputada o si archiva la causa.
