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Tokio 2020 afirma que hizo "pagos legítimos"

Apuntó que las cantidades pagadas fueron "apropiadas y adecuadas" en relación a los servicios recibidos por parte de la empresa, que tenía "credenciales"

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El Comité Olímpico nipón (COJ) afirmó hoy que las transacciones realizadas por este organismo e investigadas por la justicia francesa fueron "pagos legítimos", ante las sospechas de que se tratara de sobornos para lograr la elección de Tokio 2020.

El organismo japonés defendió en un comunicado que la selección de Tokio para acoger los Juegos Olímpicos de 2020 fue resultado de una "competición justa" frente a otras candidaturas y que las retribuciones investigadas se realizaron por un servicio legal de consultoría.

La cuenta beneficiaria de estos pagos pertenecía a la compañía Black Tidings, a nombre de Ian Tan Tong Han y vinculada a Papa Massata Diack, hijo del expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, de sus siglas en inglés), Lamine Diack, según reveló el diario británico 'The Guardian'.

"El Comité de Tokio 2020 confirma que abonó una cantidad por los servicios profesionales recibidos por la planificación de la candidatura, las tutorías en torno a su presentación práctica, consejos sobre lobby internacional y análisis de medios", detalló el organismo nipón en un comunicado.

Además, apuntó que las cantidades pagadas fueron "apropiadas y adecuadas" en relación a los servicios recibidos por parte de la empresa, que tenía "buenas credenciales y referencias".

El COJ añadió en este comunicado, firmado por Tsunekazu Takeda y Nobumoto Higuchi, responsables de la candidatura tokiota, que la retribución a la empresa Black Tidings fue auditada por la compañía Ernst & Young ShinNihon LLC.

El organismo respondió así a la investigación abierta por la fiscalía francesa sobre unos pagos por valor de unos 2 millones de dólares (1,76 millones de euros), presuntamente realizados por la organización de Tokio 2020 o entidades próximas a ésta hacia una cuenta opaca vinculada al Comité Olímpico Internacional.

Por su parte, el Ejecutivo nipón ordenó al COJ y al Gobierno Metropolitano de Tokio investigar el presunto caso de soborno y el primer ministro, Shinzo Abe, reclamó a los organismos implicados "determinar los hechos con la mayor rapidez posible".

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