La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) va a dar, junto a su empresa de gestión Giahsa, un nuevo paso al frente "por tierra, mar y aire" en la estrategia de cobro de indemnizaciones a los ayuntamientos que de manera unilateral abandonaron la institución "sin hacer frente a sus obligaciones legales".
Por ello, al contar con derechos reconocidos por el juez, van a ejecutar el embargo de 24,5 millones en esos ayuntamientos -Bollullos Par del Condado, La Palma, Valverde del Camino, Cartaya, Cortegana, Gibraleón y San Juan del Puerto- y va a exigir responsabilidades personales a los alcaldes que no consignen las deudas en sus presupuestos.
En rueda de prensa, la presidenta de MAS, Laura Pichardo, ha dejado claro que "en la caja de la mancomunidad faltan 35 millones de euros" y ha recordado "los graves perjuicios económicos que viene padeciendo este organismo, incluso desde antes de su nacimiento como consecuencia de los procesos de separación de distintos ayuntamientos".
El objetivo de la mancomunidad ha sido, desde ese primer momento, según ha remarcado Pichardo, "defender los intereses de los ciudadanos de nuestros 65 municipios desde la vía de la legalidad y la lealtad institucional, bien a través de reclamaciones judiciales y procesos administrativos, bien desde la negociación y búsqueda de acuerdos".
A día de hoy, ha explicado Pichardo, "Giahsa ha logrado una estabilidad tanto en el servicio prestado como económica y laboral, si bien los sacrificios y costes están siendo muy altos, sobre todo para más de 150.000 hogares de la provincia que están soportando unas tarifas muy por encima de lo que a todos nos gustaría".
Por ello, el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez Limón, ha remarcado que esta deuda "supone una losa" y ha insistido en que "no hay razón alguna para que los 24,5 millones que tenemos reconocidos a día de hoy no estén ya en Giahsa".
Domínguez ha detallado que en estos momentos "seguimos procesos de reclamación por importe de 35,3 millones, de los que 24,5 son ejecutables, es decir, podemos embargarlos mañana mismo".
A partir de esos datos, Giahsa ha determinado iniciar "un nuevo tiempo en la estrategia por exigir lo que es nuestro. Es este un aviso a los navegantes actuales y los que ahora o en el futuro puedan verse tentados para incumplir sus obligaciones y subastar al mejor postor unos servicios que son de todos", ha remarcado.
"Vamos a recurrir y paralizar los presupuestos de todos aquellos ayuntamientos que no consignen la deuda que mantienen con MAS y Giahsa", ha anunciado el director ejecutivo de la empresa pública.
Todo ello, "teniendo en cuenta que los alcaldes tienen la obligación legal de llevar a pleno los expedientes de crédito correspondientes", ha asegurado que desde la MAS van a exigir desde este preciso instante "responsabilidades personales a aquellos alcaldes que no cumplan con sus obligaciones legales", ha advertido.
En ese sentido, ha remarcado que el tiempo de la negociación "se ha acabado, comienza el tiempo de la acción: cobrar lo que se nos debe para alcanzar la justicia tarifaria, es decir, reducir el precio con el que los usuarios están pagando los desmanes de algunos alcaldes que quisieron obtener dinero fácil y rápido con la privatización de los servicios, y firmar un nuevo convenio colectivo con los trabajadores".
AVANCES EN BOLLULLOS Y LA PALMA
En el caso concreto de algunos ayuntamientos, como son los de Bollullos y La Palma del Condado, las reclamaciones han tenido una acogida más favorables y están negociando, con lo que Giahsa valora esta actitud y el empeño que vienen mostrando para llegar a un acuerdo que se confía próximo.
En el caso específico de Bollullos, además, la empresa pública ha recibido una sentencia favorable a la impugnación de los presupuestos del ejercicio 2014, que contiene además un mandato directo al Ayuntamiento para que formule unos presupuestos que contemplen crédito suficiente para hacer frente a esos pagos.
Sobre los demás municipios, excepto en Valverde del Camino, caso en el que el juez le ha dado la razón al Ayuntamiento, Domínguez ha precisado que Cortegana y Cartaya "guardan silencio", mientras que Gibraleón y San Juan "se muestran preocupados por las situación".
