Alrededor de un centenar de jornaleros se han concentrado hoy ante la sede del Parlamento de Andalucía para reclamar el apoyo de las formaciones políticas ante la petición de cárcel de la Fiscalía por un supuesto fraude en las cotizaciones sociales de los trabajadores de dos empresas agrícolas sevillanas.
"Los trabajadores del campo no somos números, no nos pueden meter en una reserva india porque sobramos; si no hay jornales, hay que quitar ese requisito"Los jornaleros han llegado a pie desde La Rinconada (Sevilla) hasta la sede del Parlamento, una marcha encabezada por miembros de la plataforma de afectados del PER, que portaban una pancarta con el lema "En defensa del empleo y del campo".
Los manifestantes han coreado consignas como "Susana, escucha, el pueblo está en la lucha" y "Justicia para los jornaleros", y a la concentración, convocada por el Sindicato de Comisiones de Base, han asistido representantes de Podemos, entre ellos el diputado en el Congreso por Jaén Diego Cañamero y la parlamentaria autonómica por Sevilla María García Bueno, así como miembros del SAT.
El objetivo de la marcha a pie y la posterior concentración es conseguir que el Parlamento andaluz apruebe una declaración similar a la que respaldó por unanimidad la Diputación de Sevilla de apoyo a los trabajadores de las empresas Agrícola Espino, de Osuna (Sevilla), y Baena Franco, de Puente Genil (Córdoba), afectados por las sanciones impuestas por el Servicio Estatal de Empleo SEPE.
Las sanciones cautelares impuestas por el SEPE, cuya cuantía oscila entre 2.500 y 3.000 euros, se deben al incumplimiento de ambas empresas por no haber ingresado durante varios años las cotizaciones sociales de los trabajadores.
Además, también se les ha reclamado la devolución de las prestaciones por subsidio agrario cobradas, que en algunos casos llegaban a los 14.000 euros.
También se ha abierto la vía penal, amparándose en la reforma del artículo 307 del Código Penal, con peticiones de prisión de seis meses a tres años porque la Fiscalía entiende que hubo connivencia entre los trabajadores y la empresa para defraudar.
Los trabajadores piden a la Fiscalía que se archive la causa abierta contra ellos porque -sostienen- que los responsables del fraude son los empresarios.
En declaraciones a los periodistas, el parlamentario Diego Cañamero ha denunciado la "injusticia" que, en su opinión, supone el requisito de las peonadas y ha acusado a los empresarios de "aprovecharse no declarando los jornales de los trabajadores, que son totalmente inocentes".
Ha reclamado que se elimine el requisito de las peonadas, que ha tildado de "humillante", y ha anunciado que presentará una iniciativa en el Congreso para que se unifique el sistema de desempleo agrario y la renta agraria para "evitar" dicho requisito.
"Los trabajadores del campo no somos números, no nos pueden meter en una reserva india porque sobramos; si no hay jornales, hay que quitar ese requisito", ha exigido.
