Es la cabeza visible de una familia de cinco personas. Una familia usuaria de los servicios sociales, que se encuentra en situación de exclusión y que además está a la espera de poder optar a las ayudas de la ley de Dependencia.
En su casa no entra sueldo alguno, sólo “el dinerillo que vamos sacando de vender en el rastrillo o la ayuda que recibimos de la gente”, así como de la propia administración. No tienen trabajo y la abuela de la casa está impedida, tuvo un cáncer de colon, está operada y con el tratamiento aparecieron problemas como una trombosis en el corazón, cuenta su hija. Una mujer que lleva nueve meses esperando a que desde el Ayuntamiento de Cádiz la citaran para conocer su situación sociofamiliar, escuchar su opinión, y de acuerdo a su grado de dependencia estudiar el recurso más idóneo para cubrir sus necesidades de atención. Lo que se denomina la elaboración del programa individual de atención, que realiza el trabajador social de los Servicios Sociales Comunitarios (figura dependiente de los ayuntamientos).
Esta situación se repite en la ciudad desde hace años, donde la espera se hace eterna para muchas familias. Tanto es así que “a mi abuela la llamaron cuatro días después de haberla enterrado, cuando llevábamos muchísimo tiempo esperando”, afirma una afectada.
A casa de esta mujer ha acudido un médico procedente de la Consejería de Políticas Sociales después de que presentara la solicitud de la ayuda de la ley de la Dependencia. “A los dos o tres meses de presentar la solicitud vino un médico a mi casa. Exploró a mi madre, miró dónde dormía, qué medicación tomaba, cuál era su estado de salud y las condiciones en las que vivimos”.
A partir de ahí, a los 20-25 días, “nos llegó una carta informándonos del grado de dependencia que tenía mi madre”. Grado II, dependencia severa .
En base al grado, “me dijeron que podía optar o a la ayuda a domicilio, o al servicio de centro de día y de noche o a la prestación económica”, dependiendo de las circunstancias. Cuando le mandan la carta a la usuaria, también se la envían a los servicios sociales municipales, que es donde se ha encontrado con “la piedra en el camino”. Casi “nueve meses han pasado hasta que me han llamado por teléfono hace dos días, para decirme que un día de estos irán a visitarnos”, cuenta la afectada.
Tras esta cita con la técnico municipal, se supone que se debería pasar a la última fase, con la resolución del recurso más idóneo. Esta mujer teme ahora que se vuelvan a olvidar de su expediente y que no tenga noticias de los servicios sociales hasta dentro de muchos meses.
La ayuda sería prestación económica vinculada a los cuidados de su madre. “Nos ayudaría a pagar sus medicamentos que como está operada de colon necesita unos cuidados especiales. Además está con un poco de depresión, para lo cual también necesita medicación”.
La burocracia vuelve a fallar, y la burocracia no entiende de humanidad, sólo de trámites y plazos.
Datos de la ley
Andalucía es en la actualidad la comunidad autónoma que más personas dependientes atiende (más del 23% del total nacional). En el caso específico de Cádiz, a fecha 1 de junio, existían en la provincia 23.654 personas beneficiarias que cuentan con 30.585 prestaciones. Cabe destacar que a lo largo del pasado año se realizaron 9.416 valoraciones e incorporaron 4.819 nuevas personas beneficiarias, que reciben 6.164 prestaciones.
Del total de prestaciones que se dan en la provincia de Cádiz, 12.049 son económicas para el cuidado en el entorno familiar, 4.294 de ayuda a domicilio, 2.200 están referidas a unidades de día y 3.299 son de atención residencial. A ello hay que sumar los 8.379 gaditanos que acceden al Servicio Andaluz de Teleasistencia. La inversión de la Junta en la provincia de Cádiz para todos estos programas asciende al año a 137 millones de euros. Esta mujer no quiere cuidadoras, ni centros de días, sólo pide que se le facilite a su madre la existencia, que “podamos respirar y no volvernos locos para poder darles sus medicinas”.
