El jurado popular no tendrá que pronunciarse sobre la posible pena de prisión permanente revisable, la primera vez que se pide en Sevilla, respecto al crimen cometido contra un sacerdote y que fue admitido por el acusado, que culpaba al religioso de los problemas con su esposa, que era su sobrina.
En el objeto del veredicto entregado hoy a los nueve miembros del jurado, el magistrado José de Paúl Velasco no ha incluido los extremos que pedía la acusación particular, Inmaculada Torres, para pedir la prisión permanente revisable, como que la víctima era de "especial vulnerabilidad" porque era un anciano y estaba enfermo.
En las preguntas entregadas al jurado, se les plantea si sobre las 20:00 horas del 16 de julio de 2015, el acusado José Eugenio A.F., abordó al cura en el portal de su domicilio, "y con ánimo de acabar con su vida, le asestó un total de nueve cuchilladas, varias de las cuales penetraron en el tórax y el abdomen, y una en concreto le alcanzó el corazón, causándole así la muerte casi inmediata".
El jurado también debe pronunciarse si el acusado "evitó cualquier posibilidad de huida o defensa de la víctima".
Además, deben decidir si el acusado actuó con "la anulación total", "con una alteración muy importante" o con una "disminución ligera o moderada" de la capacidad de control de sus actos debido a su trastorno de adaptación.
Tras la entrega del objeto del veredicto, los miembros del jurado se han retirado a deliberar para emitir un dictamen, lo que podría ocurrir mañana.
Los psiquiatras que han declarado en el juicio han asegurado que el acusado sabía lo que hacía cuando atacó al cura y que, aunque tenía un trastorno de adaptación, ese extremo no afectaba a su capacidad de entender.
El sacerdote y vicario de la iglesia de San Isidoro, Carlos Martínez, de 76 años, recibió nueve puñaladas en el portal de su casa por el acusado, que ha reconocido el crimen, tras el cual avisó a su mujer de lo que había hecho.
Tras el ataque mortal, el acusado fue interceptado por la policía cuando se dirigía a casa de su esposa, con la que convivía junto a otros tres hijos que ella tuvo de una relación anterior.
La convivencia entre el acusado, su mujer y los tres hijos, que comenzó en enero del 2013, fue deteriorándose hasta el punto de que los hijos abandonaron la casa y se fueron con su padre, según la Fiscalía.
En mayo del 2015, los hijos volvieron a la casa de su madre, tras lo cual el acusado planteó el divorcio a su mujer si los menores no abandonaban el domicilio.
El sacerdote siempre había apoyado a sus sobrinos frente al acusado, cuyo "odio y animadversión" hacia el religioso fue "cada vez más fuerte y ostensible", según la Fiscalía.
