Durante su última aparición ante los medios, el concejal de Ai-Pro Leopoldo Pérez, uno de los investigados por los presuntos casos de enchufismo en el Ayuntamiento junto a otros compañeros y miembros del PP del anterior equipo de Gobierno, ha admitido que la defensa en la causa está siendo costeada por los propios afectados y por el partido. Sin embargo, los concejales investigados del PP, incluyendo al exalcalde, se pudieron valer de 12.000 euros de los recursos municipales (del Patronato de Deportes) para costearse su defensa.
Para Leopoldo Pérez se trata de una situación injusta porque debe ser el municipio, es decir, el Ayuntamiento, el que corra con estos gastos porque afectan a su gestión pública, no al frente de un partido político.
El mismo se ha referido además al proceso judicial que desembocará en el juicio previsto para el próximo 9 de noviembre, donde se juzgará al equipo de gobierno de la exalcaldesa Pepa Caro por un presunto delito urbanístico y administrativo en torno a la urbanización de la avenida Padre Salesianos, en el Barrio Bajo. Leopoldo Pérez, asegura con independencia de su posición política, que espera que los exconcejales y la exalcaldesa salgan absueltos de este proceso, cuando, paradójicamente, fue el anterior equipo de gobierno PP-Ai-Pro el que interpuso las denuncias por este asunto. “No tenemos nada que decir, lo que la Justicia diga y haga, no le deseamos mal a nadie. Había una irregularidad que había que poner en conocimiento, pero ojalá los implicados salgan lo mejor posible”, señala Pérez, que entiende que las personas públicas que trabajan por la población, quitándole tiempo a sus familias y asuntos propios, no se merecen verse delante del juez.
Por otro lado, sorpresivamente, Pérez ha mostrado su extrañeza por la deuda de tres millones de euros con proveedores que fue denunciada hace unos días por el alcalde socialista, ya que esas facturas no tienen consignación presupuestaria alguna. Pérez asegura no saber nada de ese asunto porque era competencia del delegado económico, es decir, de Sebastián Ruiz (PP). Pérez dice haberse enterado de esta deuda por los medios y entiende normal que se arbitren medios para que los proveedores cobren. Pérez asegura que la anterior Delegación de Urbanismo encargaba obras pero que nadie en el Ayuntamiento le informaba que no había consignación económica. Ello deja entrever la poca comunicación entre los dos grupos de gobierno.
