La Cámara de Comercio entrega el testigo a la Junta

Los 25 miembros que componen el Pleno de la Cámara de Comercio de Jaén presentaron anoche su dimisión en bloque al no encontrar soluciones a la grave crisis económica del ente cameral, lastrado por una deuda de tres millones de euros y con todos los ingresos embargados.
La dimisión de la directiva no implica el cierre de la Cámara, como se temía, sino  que se acordó entregar el testigo a la Junta de Andalucía que, como órgano tutelante, se verá obligada ahora a nombrar una comisión gestora para la gestión de la Cámara jienense, tal y como ocurrió tras la dimisión del expresidente Luis Carlos García y de su equipo directivo en marzo de 2014. 
“Estoy convencido de que la Cámara no va a desaparecer y de que la Junta de Andalucía pondrá a su servicio lo que haga falta para que siga funcionando”, declaró anoche, resignado, el ya expresidente de la Cámara jienense, Manuel Barrionuevo.
Aunque en un principio los miembros del Pleno de la Cámara acudieron a la reunión con la intención de darse una prórroga hasta el 8 de noviembre antes de tomar una decisión definitiva (querían  enviar una última petición de ayuda a las Administraciones), finalmente optaron por precipitar su marcha al constatar que todas las puertas las tenían cerradas. “Era absurdo esperar más días en esta situación, supongo que si las administraciones no nos han ayudado ha sido porque no han podido”, señaló Barrionuevo, que en ningún momento quiso criticar la actitud mantenida por las distintas Administraciones durante los dos años en los que han permanecido al frente de la Cámara. Atrás queda la petición fallida para que el Ayuntamiento levantara la cláusula de reversión del suelo del Vivero de Empresas, o la también fallida autorización de la Junta para poder alquilar la sede de la Cámara.
“Hemos pagado en torno al 60% de la deuda de la Cámara, pero los embargos nos tenían maniatados y no podíamos seguir así”, añadió Barrionuevo. Antes de aprobarse la dimisión, la Cámara aprobó sus cuentas, con una deuda que ronda los tres millones de euros. Ahora es la Junta la que tiene mover ficha