El alcalde se ha sumado a la campaña que en plan llanero solitario había iniciado su delegado de Turismo, Antonio Muñoz, en pro de la implantación en Sevilla de la tasa turística, que consistiría en cobrarles a los turistas que se alojen en hoteles al menos un euro por noche, con lo que se recaudarían 5 millones de euros que invertir en la promoción de la ciudad. Muñoz ha declarado de forma gráfica que se le ponen los ojos como platos imaginando la de cosas que se podrían hacer con ese dinero.
Espadas y su delegado han abundado en la idea de la tasa turística en contra de la política mantenida al respecto por la Consejería de Turismo, organismo que tiene las competencias en la materia, y de la Mesa del Turismo de Andalucía (patronales y sindicatos). Lo han hecho en el marco de la “Sevilla Tourism Week”, unas jornadas de reflexión en las que Muñoz ha mostrado su preocupación por la “estandarización” de la ciudad, pero lo primero que ha hecho ha sido pecar de esa “estandarización” al huir del español y denominar las jornadas en inglés.
El motivo declarado de este encuentro era cómo evitar los efectos del turismo masivo, que ya está provocando movimientos ciudadanos de protesta en Venecia y Barcelona, mientras se presiona a la Junta para que apruebe la aplicación de la tasa turística para captar más visitantes, con lo cual se avanzaría en la dirección que supuestamente se pretende evitar: a más turistas, más riesgo de masificación y de acabar como Barcelona y Venecia.
Precedentes
El alcalde dice que nadie va a dejar de venir a Sevilla por pagar un euro más por noche en el hotel, y Muñoz, que ciudades como París, Lisboa, Roma y Barcelona ya aplican la tasa y que nosotros tenemos que elegir si queremos un despegue real turístico o no.
Cuando la Generalidad de Cataluña anunció que a partir de abril de 2012 aplicaría una tasa a todos los turistas que pernoctaran en la región (en principio iban a ser 3 euros a los usuarios de hoteles de 5 estrellas y de los cruceros atracados en los puertos; dos euros a los de 4 estrellas y un euro al resto), en el diario El País hicieron un recuento de sitios con este tipo de gravamen vigente por entonces:
-París lo empezó a aplicar en 1994, a razón de entre 0,20 y 1,50 euros por persona/día.
-Roma, desde enero de 2011: entre 2 y 3 euros.
-Florencia: un euro por estrella de hotel y día desde julio de 2011.
-Venecia, desde agosto de 2011, entre 1,80 y 5 euros por habitación y día.
-Alemania, desde enero de 2011 cobra una tasa encubierta como impuesto verde de entre 8 y 45 euros a cada billete de avión.
-EEUU, desde septiembre de 2010, otra tasa encubierta en forma de 14 dólares por el formulario ESTA.
En ese mismo medio se plantearon ya una serie de cuestiones que siguen sin despejarse a la luz de ciertas experiencias y que se han obviado en el intento de debate en Sevilla: ¿cómo se asegura que el dinero de la tasa se dedica de verdad a la promoción turística y no a otros capítulos? ¿cómo se garantiza que cada municipio recibe lo mismo que ha recaudado? ¿qué pasa con la gente que viaja por asuntos familiares, de negocio o incluso de salud? ¿cómo se les cobra a quienes se alojan en casas particulares, de familiares o amigos o en establecimientos no declarados? ¿se crea un impuesto directo e injusto que castiga a quienes se alojan en el circuito oficial pero no a los que viajan por libre y alquilan casas particulares?
Baleares
El primer precedente de tasa turística en España lo tuvimos en las islas Baleares a partir del 1 de mayo de 2001 y se calificó de “ecotasa”, ya que el dinero (2 euros/día en los hoteles de 5 estrellas; 1 euro en los de 3 y 4 estrellas y 0,25 euros en el resto) iría a engrosar un denominado Fondo de Rehabilitación de Espacios Turísticos.
La polémica fue tremenda, con todo el sector turístico en contra de la decisión del Gobierno “de progreso” (PSOE apoyado por otras fuerzas de izquierda). Los hoteleros acabaron con tres opciones: 1) asumir ellos mismos el pago del impuesto para no repercutirlo a sus clientes, o sea contra su propia cuenta de resultados; 2) tratar de cobrarlo a los turistas, ya que la ley no establecía mecanismos coercitivos, sino que eran ellos los que estaban obligados a hacer frente al pago de todas todas, aunque el turista se negara a pasar por caja; 3) “comprarle” a sus clientes la tasa: se las cargaban pero a cambio los compensaban con un bono por importe equivalente, que podían canjear por servicios en el mismo establecimiento, desde consumiciones en el bar hasta alquiler de películas.
Como las Baleares eran el destino favorito del turista alemán y británico, la prensa de Alemania y Reino Unido, especialmente la sensacionalista, vio un filón en alimentar la controversia. El diario “Bild” lanzó una campaña para que sus lectores (casi 3,5 millones) remitieran cartas al Rey Juan Carlos pidiéndole la supresión de la tasa, y hasta el secretario general del Partido Democristiano germano declaró que el gravamen iba “a hacer casi imposible las vacaciones para las familias alemanas con niños en Mallorca”.
Periodistas extranjeros desembarcaron en las islas para hacer reportajes entre sus compatriotas afectados por la tasa. Entre la polémica negativa y otros factores, el turismo alemán cayó en un 30% y parte de la demanda se desplazó desde los hoteles reglados hasta apartamentos privados que eran alquilados a los turistas y que quedaban al margen de la tasa. El polémico gravamen se suprimió en octubre de 2003. Los hoteleros calcularon que el sector turístico balear necesitaría tres años para recuperarse de los efectos negativos de aquella iniciativa.
Paradójicamente, trece años después y con otro Gobierno “de progreso”, en Baleares ha vuelto a implantarse desde el pasado 1 de julio, a razón de entre 0,50 y 2 euros por noche y en función de la categoría del hotel.
Cataluña
En Cataluña se empezó a aplicar en noviembre de 2012 con el declarado fin de mejorar la calidad de la experiencia turística en los municipios de la región y de paliar los efectos nocivos del turismo de masas, especialmente en Barcelona (19,66 millones de visitantes en 2015 y 8,3 millones de pernoctaciones hoteleras).
En función del periodo del año, en la ciudad de Barcelona se recauda entre el 49% y el 67% de todo el dinero de la tasa turística de Cataluña, pero la Generalidad sólo le devuelve el 33% de esos fondos, que por ende no se invierten en los barrios populares más afectados por la invasión de turistas, como la Barceloneta. Según un balance, de los 12.408.708 euros enviados por el Gobierno catalán en 2014 al Ayuntamiento barcelonés, prácticamente no se invirtió nada en compensar los efectos negativos del turismo, sino en todo lo contrario, como demuestran las siguientes partidas: 243.000 euros para promocionar los deportes de invierno en una pista de hielo en la Plaza de Cataluña; 850.000 euros para ampliar el funcionamiento de las fuentes de Montjuïc y 60.000 euros para dinamizar turísticamente la plaza de Les Glories y convertirla en un nuevo centro urbano “vibrante”.
Al final, la tasa turística se ha convertido en un instrumento recaudatorio más para la Generalidad de Cataluña y las protestas de los vecinos de Barcelona contra la invasión turística, en vez de reducirse desde su aplicación se han incrementado.
Así pues, hemos visto algunos de los riesgos de la tasa turística publicidad negativa aparte, desde provocar un incremento de la oferta no reglada de alojamientos en viviendas particulares en detrimento de la planta hotelera hasta convertirse en un impuesto más que no acabe repercutiendo en el sector turístico y sólo parcialmente en la ciudad recaudadora porque es otra Administración la que reparte el dinero.
Si nuestro objetivo, como declaran Espadas y Muñoz, es no caer en la masificación turística, ¿qué sentido tendría imponer un gravamen a los turistas para promocionar la ciudad con el fin de que vinieran cada vez más turistas?
