El sindicato de la Confederación Española de Policía (CEP) critica que en la Comisaría de La Línea de la Concepción, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía "prestan sus servicios en unas condiciones precarias, tanto por los medios materiales como el estrés laboral al que están sometidos por el agravio de la falta de personal".
Desde CEP se han denunciado todas las problemáticas de "lo que tienen que soportar tanto funcionario como ciudadano por falta de personal, medios, etc".
Entre otros problemas, enumeran en una nota que en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana "existen determinadas carencias, los vehículos patrullas, en su día a día, no son como un automóvil cualquiera, ya que están sometidos a situaciones de máxima exigencia y de acceso a caminos rurales (igual los designados para la policía judicial)". Y aseguran que "los funcionarios de seguridad Ciudadana llevan meses patrullando solo con uno, dos o con ningún vehículo por la localidad, además de falta de efectivos y descoordinación en lo previsto en dotación para la patrulla policial y la garantía de salvaguardar los derechos y libertades de la ciudadanía".
Policías embestidos e intento de atropello
Recientemente han sido puestos en libertad los dos conductores que embistieron "indiscriminadamente, sin ningún pudor", a policías nacionales que iban en sus vehículos "sin tener en cuenta la vida de ellos mismos y la de los policía nacionales".
Los califican de "kamikazes al volante" y aseguran desde el CEP que actuaron "deliberadamente conociendo que un accidente de tráfico puede acabar con heridos y/o muertos, embistiendo a vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para llevar a cabo su cometido, con la actitud huidiza para no ser capturados”.
Pero advierten que en esa imprudencia, además de poner en peligro a las autoridades policiales, provocan tambien un riesgo a los ciudadanos que se hallen en su camino. "Provocar esas huídas con una conducción temeraria al final puede acabar en desgracia por parte de ellos o/y para los afectados, en este caso la policía nacional y FCS por el menosprecio a la vida y a la integridad física".
"¿Qué se está esperando ¿Alguna persona con graves secuelas físicas/mentales o muertes en ambas partes? ¿Un fallecido de la FCSE para luego entregar a la familia una medalla y sus condolencias? o ¿Una manifestación de las otra parte por algún fallecido y diciendo que la policía nacional es una opresora, falta de profesionalidad etc…?"
Desde el sindicato condenan estos actos y recalcan que "nosotros somos funcionarios y por lo tanto somos personas y no hacemos milagros cuando se nos agrede".
En la nota, lamentan que "la Ley, actualmente, no se asemeja en algunas ocasiones con la realidad. Está desfasada para estos tiempos. Un juez dictamina lo que la ley le dicta y en este caso puesta en libertad a los individuos que propiciaron lo ocurrido".
Recuerda, asimismo, que "La Línea de la Concepción, con una extensión de 26 kilómetros cuadrados, es el epicentro de la mayoría de hechos delictivos como el tráfico de drogas y contrabando".
Por ello, consideran necesario "valorar el problema que genera todo esto para la integridad y salud de los funcionarios". Advierte el CEP que "no es la primera ni la última vez que con los vehículos
policiales han sido embestidos por vehículos que se daban a la fuga (la mayoría de los casos por narcotraficantes o contrabandistas)".
Además, "existen deterioros y problemas con los equipos de comunicación portables en Seguridad Ciudadana, ya que estos se les 'caen' la batería y hay que sujetarlo con gomas del pelo”.
Unidad canina y otros problemas
El sindicato CEP relata también la problemática existente en la Unidad de Guías Caninos y en la situación en que se hallan. "Todavía la administración y los responsables de la Central no da claro su
entender de qué ocurrirá con los funcionarios responsables de guías caninos de la localidad, creando incertidumbre y mal estar por la situación en que se encuentran tanto funcionarios como perros".
Aseguran asimismo que la "Brigada Local de la Policía Judicial, las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) están desbordadas por la demanda de trabajo y el poco personal para poder suplirla (algunas veces presta servicio un funcionario para la misma) ya que no cumplen ni con el mínimo exigido de efectivos para poder prestar el servicio a la ciudadanía, estando los funcionarios de dicha oficina en constante estrés y con movimientos de sus turnos. Los demás grupos judiciales tienen problemas de materiales necesarios, vehículos, personal para poder realizar 100% su labor".
Tampoco la Brigada local de Extranjería y Fronteras está exenta de problemas. "En el grupo de extranjería se halla latente un problema grave, el no poder trasladarse a realizar sus propias operaciones policiales en materia de extranjería, ya que carecen en varias ocasiones de vehículos al
tener que cederlos a otros grupos de la misma comisaría y con el añadido de falta de medios, personal etc... En frontera con la eterna problemática de filtros de camiones, personal y material para los funcionarios. Además en dicha plantilla no se ha actualizado el catalogo puesto de trabajo. Un
catálogo desfasado".
Recuerdan que entre los años 2012 y 2016 se han producido en España casi 14.000 bajas en la Policía Nacional, la mayor parte de ellas por jubilaciones. La previsiones “oficiales” de bajas para los siguientes tres años serán de más de 10.000 efectivos. Así, recalcan que "una Administración que quiere estar sujeta al ámbito de la Unión Europea y ha omitido las bajas que se han dado, dando y se darán en su propias FCSE. Por todo ello, los funcionarios están pagando las consecuencias de las últimas peculiaridades de la jornada laboral, la publicación de un borrador en el que recalca más el criterio caprichoso de los responsables que quieren realizar un uso intensivo al turno que apliquen que el no pensar que consecuencias conllevaría eso, ¿Bajas por estrés? U otros temas de salud más grave para los funcionarios".
En conclusión, apuntan "la imposibilidad de salvaguardar la seguridad y prestar los servicios que por ley todo ciudadano tiene derecho", especialmente cuando "está declarado el estado de alerta Nivel 4 Antiterrorista".
