El Colegio de Abogados de Granada ha reclamado que la capital granadina sea la sede de la sección o secciones de apelación encargadas de revisar las resoluciones dictadas por las audiencias provinciales de la comunidad autónoma en la jurisdicción penal, una reivindicación que, a tenor del proyecto de Real Decreto por el que se hace efectiva la implantación de esta segunda instancia, ha sido trasladada al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Junta de Andalucía.
Así lo ha acordado por unanimidad la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada, en sesión de 8 de marzo, alegando que la concentración en Granada de esta sección andaluza "evitará los criterios de dispersión y reducirá las resoluciones contradictorias al facilitar la unificación de criterios, al menos en una primera fase de implantación de la segunda instancia penal en los Tribunales Superiores de Justicia".
En una nota de prensa, el Colegio de Abogados considera que Granada debe acoger las nuevas secciones de apelación del TSJA como capital judicial de Andalucía y sede de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía Superior de Andalucía, "sin olvidar el peso de esta ciudad en la justicia andaluza, su tradición jurídica y el hecho de haber sido sede permanente de las extintas Audiencias Territoriales".
En cualquier caso, la abogacía granadina valora positivamente esta iniciativa legislativa, "una aspiración de este colectivo desde hace mucho tiempo, como forma de reforzar el derecho de defensa de la ciudadanía", añaden recordando que "la implantación de la segunda instancia penal, una de las asignaturas pendientes de la justicia española, posibilita que sean las nuevas secciones de apelación de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional las que se encarguen de revisar las sentencias que dicten las audiencias provinciales, sin necesidad de acudir en casación al Tribunal Supremo, como hasta ahora ocurría".
El Real Decreto prevé la creación de tres nuevas plazas de magistrado para la Audiencia Nacional y 13 más en los Tribunales Superiores de Justicia, seis de ellas en Andalucía. No obstante, el pleno del Consejo General del Poder Judicial, en un informe aprobado el pasado 7 de marzo, considera "insuficiente" esta dotación para atender el incremento de la carga de trabajo que la segunda instancia penal generará previsiblemente y propone, entre otras medidas, la creación de dos secciones en la comunidad autónoma andaluza.
