En una concurrida comparecencia ante los medios de comunicación, y amparada por la mayoría de los concejales de su equipo de Gobierno, Barberá aseguró que es una persona “íntegra” y advertió de que empleará los recursos judiciales necesarios para “denunciar las actitudes totalitarias” del PSOE.
Preguntada por las informaciones que indican que podría haber recibido regalos de uno de supuestos líderes de la trama de corrupción, contestó: “todos los políticos de este país, desde el primero hasta el último, reciben regalos, y sospecho que los del presidente del Gobierno tienen que ser más grandes y más caros que los de la alcaldesa y los concejales”.
A su juicio, las noticias aparecidas al respecto pretenden “dirigir intencionadamente” su nombre para que los ciudadanos “lo vean vinculado” con el caso Gürtel.
“Aquí está la respuesta a las anchoas”, dijo en referencia a la comparación que hizo entre los regalos que recibe el presidente del Gobierno y los trajes que supuestamente recibió como dádivas el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Barberá acusó a la “izquierda política, social y mediática” de carecer de “convicción democrática” y de “vulnerar el respeto hacia las personas” porque “no pueden ganar en las urnas”.
No obstante, aseguró que nadie le va a “amedrentar” ni a “callar”, y que es ella quien, “en plenitud” de sus “derechos”, va “a pedir explicaciones del porqué”.
Las declaraciones de la alcaldesa de Valencia coincidieron con las de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, quien anunció que su partido utilizará todas las acciones judiciales que estén “a su alcance” para defenderse de una “planificación sistemática” orquestada para “hacer daño” a los populares.
Como primera medida, informó de que el Partido Popular presentó una denuncia contra esa “campaña planificada y clarificada” de filtraciones que “no son parte de una causa” y que por tanto “no están judicializadas”, pero que, en su opinión, afectan a las investigaciones.
También pedirá la comparecencia en el Congreso de los Diputados de los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño, para que expliquen el origen de las filtraciones y clarifiquen la responsabilidad que deriva del “quebranto del deber de custodia de las actuaciones judiciales”.
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha interpretado estas acciones del PP como una “clara estrategia” de defensa consistente en “negarlo todo y acusar a quienes les acusan”.
En su opinión, los populares tienen “derecho” a emplear la táctica de defensa que crean mejor, pero “no tienen derecho a convertir su propio descrédito en el descrédito de las instituciones democráticas”, porque los jueces y la Policía “no se han inventado nada”.
Pajín cree que el Partido Popular tiene “mucha caradura” por dedicarse “una y otra vez” a poner en cuestión la labor de las instituciones del Estado.
En la Comunitat Valenciana, el PP también ha anunciado la interposición de una querella para que se investigue “qué funcionario público” está filtrando informaciones relacionadas con el caso Gürtel que afectan a dirigentes de este partido.
“Para que esto llegue a un medio de comunicación un funcionario público tiene que haber dado el beneplácito, sacado o autorizado la salida de esa información”, argumentó el portavoz de los populares valencianos, Ricardo Costa, imputado por cohecho en la investigación de la trama de corrupción.
Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, avanzó que en el próximo pleno municipal preguntará a la alcaladesa Rita Barberá “por los regalos efectuados por presuntos delincuentes, que no ha negado haber aceptado”, aseguró.
