La expresidenta argentina y senadora Cristina Fernández se consideró víctima de una "persecución" y calificó de un "exceso" y una violación del estado de derecho que un juez la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a la mutua judía AMIA en 1994.
"Estas medidas degradan aún más a la Justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", opinó Fernández, quien hace poco más de una semana juró su cargo como legisladora.
El juez Claudio Bonadio ordenó hoy detener a Fernández por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió al Senado que le despoje de la inmunidad de arresto, al considerar que puede entorpecer la investigación.
En la causa, que fue abierta tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella días antes de que apareciera muerto en extrañas circunstancias, se investiga si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune.
"Lo que realmente se acordó para el memorándum (con Irán) fue lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaraciones indagatorias", destacó Fernández, quien añadió que la causa por el ataque estaba "totalmente paralizada" porque Irán no extraditaba a los acusados.
"En realidad lo que hicimos, además de favorecer el hecho de que se pudiera tomar declaración a los acusados, era actuar en el marco de derecho internacional", destacó sobre el pacto bilateral, que nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.
Según ella, estas medidas "no solo violan el Estado de derecho", sino que buscan provocar "daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias y a sus ideas".
"No hay causa, no hay delito ni motivo. Se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe y el presidente Macri lo sabe", subrayó.
La expresidenta, que no descartó acudir a tribunales internacionales para denunciar su situación, criticó que se la acuse de "traición a la patria" porque a su juicio es un delito que "solamente puede producirse" si el país está en guerra.
Para Fernández, estas "maniobras" tienen un ánimo de "persecución inédita" de la oposición "en tiempos democráticos", que tienen a Macri como "director de la orquesta" y a Bonadio como ejecutor de "la partitura judicial".
La razón es, según continuó, hacer de esto una "gran cortina de humo" que pretende "intimidar y asustar a la población", tapar las políticas de ajuste económico y callar la voz de la oposición en el Senado.
La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.
