UGT en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitía sentencia por la cual desestimaba el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Cádiz contra la sentencia del pasado 14 de diciembre de 2015, que dictó el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Cádiz. Dicha sentencia estimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de UGT contra la resolución del Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz del 27 de octubre de 2014, y con ella del acuerdo de agosto del 14 por el que se aprobaban las modificaciones a la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2014, que se declaraban nulas, tal y como publicó este medio en julio del pasado año.
El sindicato pide que se cumpla dicha sentencia puesto que el Ayuntamiento “no ha cumplido con su obligación de iniciar la negociación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo”. Según UGT, para negociar la nueva RPT “es imprescindible una valoración de los puestos de trabajo a través de la preceptiva comisión de valoración (la fundamentación técnica y legal de las posibles modificaciones, creaciones, transformaciones de los puestos, para que todos tengan la misma oportunidad de promocionar, y acabar así con las arbitrariedades, las injusticias y las discriminaciones)”.
Con esta comisión rigen los principios de igualdad, mérito y capacidad que son los “que rigen una administración transparente y no cortijera en la que nos hemos visto inmersos durante muchos años”. UGT teme que el actual concejal de Personal, David Navarro, “no piensa reactivar ni convocar la comisión de valoración de puestros de trabajo, desactivada desde la anterior legislatura”. De ahí que interpreten que “se siguen las mismas líneas que el anterior equipo de Gobierno”.
La sección sindical se dirige al alcalde de la ciudad, José María González, para solicitarle que “dé las indicaciones precisas para que se reactiven los mecanismos y procedimientos legalmente establecidos para que realmente el Ayuntamiento se rija por los principios de igualdad, mérito y capacidad, para acabar con las discriminaciones que padecen diversos colectivos y que se permita que toda la plantilla tenga las mismas oportunidades”.
