La familia de Miguel Ángel Domínguez Espinosa y María Domínguez Olmedo, asesinados brutalmente en abril de 2013 en Almonte (Huelva), compara con "la sentencia de Poncio Pilatos" el fallo absolutorio dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que confirma a su vez la absolución de los delitos de asesinato a F.J.M., que fue juzgado el pasado mes de septiembre ante un jurado popular, y solicita una reunión con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para conocer qué medidas va a tomar una vez que "el trabajo realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) ha quedado en agua de borrajas".
En un comunicado remitido a Europa Press, la familia expresa su "más profunda indignación y desacuerdo" con esta sentencia, que consideran que constituye "la de Poncio Pilatos porque no viene sino a lavarse las manos ante un delito de máxima gravedad y ante el que el propio TSJA rechazó su puesta en libertad en septiembre de 2017".
A juicio de la familia, "la sentencia del TSJA es de un nivel jurídico bajo y viene a recoger los mismos términos jurídicos que la sentencia de la Audiencia Provincial que daba cabida a un veredicto carente de motivación, incongruente y arbitrario". En su opinión, resulta "sorprendentemente increíble que el propio TSJA remarque en su exposición que con tales indicios habría sido posible un veredicto de culpabilidad que no habría podido ser combatido" y que "no puede considerarse como imposible que la impregnación de ADN se debiera a un contacto directo con las toallas del entonces acusado".
Al respecto, lamentan que el propio TSJA "no descarte la posibilidad de que el entonces acusado pueda ser autor de los hechos que se le imputaban y, aun así, no entre a considerar elementos relevantes del veredicto emitido por el jurado popular, que solo ha estimado alegatos de la defensa como el testimonio de la expareja del que era acusado", al que la propia madre de él llegó a calificar en el juicio oral como "si de una hija se tratase, o la descabellada comparativa de equiparar el análisis de ADN del Instituto Nacional de Toxicología (INT) con el del peritaje pagado por la defensa".
A su vez, considera que "el TSJA no ha atendido para nada los motivos de nuestro recurso de apelación ni de la propia Fiscalía y observamos importantes errores en la redacción de la sentencia", que, según subrayan, serán expuestos en el recurso de casación que presentarán ante el Tribunal Supremo, "lamentando considerablemente que la Fiscalía no nos apoye en dicho recurso aunque no descartamos que se pueda adherir al mismo".
Por otro lado, alzan la voz "más que nunca" para pedir al Estado, a través del Ministerio de Justicia e Interior, amparo para una familia que "ha perdido de manera cruel a dos seres totalmente inocentes como un padre y su hija de ocho años en su propio domicilio acuchillados con cerca de 150 puñaladas".
PIDEN REUNIÓN CON ZOIDO
"Somos ciudadanos a los que el Estado tiene el deber de proteger y solicitamos desde ya una reunión con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para conocer qué medidas se van a tomar en cuanto a la investigación, porque el trabajo realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) ha quedado en agua de borrajas", señalan desde la familia.
En etse sentido, los familiares han expresado su alegría por el esclarecimiento del caso de Diana Quer, al que por enésima vez expresan sus condolencias y satisfacción por la resolución de dicho asunto, pero rechazan de plano y critican "la postura de la UCO de diferenciar entre ciudadanos de primera división y ciudadanos de segunda división como puedan ser considerados por la UCO Miguel Ángel y María".
"No entendemos que para el caso de Diana Quer la UCO pusiera en escena a toda su plana mayor con los máximos responsables de la misma para explicar los motivos de la detención del presunto asesino de su muerte y en nuestro caso y, ante las reiteradas peticiones para que salieran públicamente a explicar los motivos que condujeron a la detención del que era acusado, no han hecho ni el mínimo intento", lamentan.
En estos cinco años, prosiguen, "esta familia ha alabado la actuación de la UCO", pero al mismo tiempo aseguran que le han pedido que saliera a explicar los pormenores de la investigación, y "la motivación que se nos daba era que no se dedicaban a ello, algo que se contrapone con lo que acabamos de ver en el caso de Diana Quer".
Por todo ello, piden al ministro del Interior que les ofrezca una respuesta al respecto mediante la convocatoria de un encuentro que le van a hacer llegar y para conocer qué piensan hacer con este caso, porque, aseguran, "para nada estamos dispuestos a aceptar que este asunto en el que hay asesinada una niña de ocho años se vaya a convertir en un cachondeo judicial y de investigación como ha sido el caso de Marta del Castillo".
"NO QUEREMOS UNA SEGUNDA EDICIÓN DEL CASO MARTA DEL CASTILLO"
"No queremos que nuestro caso se convierta en un caso Marta del Castillo en segunda edición", remarcan desde la familia, quien insiste en pedir la protección del Estado, a través de los ministerios de Justicia e Interior, "como ciudadanos desamparados y asustados ante la existencia de un asesino suelto en el pueblo de Almonte, un asesino de una niña de ocho años y de su padre en su propio hogar".
"Estos casi cinco años de auténtico calvario no pueden ser prolongados por más tiempo porque nuestra paciencia se acaba y durante tres años la justicia profesional ha mantenido encarcelado al que era presunto asesino de los execrables hechos y el apunte de la UCO, que a día de hoy sigue manteniendo lo que reflejó en su informe de detención, es que el autor de los hechos es el hoy absuelto", han remarcado en el comunicado.
A pesar de ello, desde la familia insisten en que "el veredicto de un jurado popular totalmente incongruente y falto de motivación ha dicho que el trabajo de la UCO es una auténtica chapuza, cuestión esta que los abogados de la defensa han repetido hasta la saciedad para desacreditarla, comparándola con la UCO del caso Wanninkhof, y ante esa crítica malévola solo esta familia ha salido en su defensa, ni la misma UCO ha dicho esta boca es mía".
Por todo ello advierten de que no van a descansar hasta que el ministro de Interior les reciba y les dé "una respuesta acorde a la gravedad de los hechos porque no pueden quedar impunes por la propia seguridad nuestra y de la sociedad de este pueblo", solicitando, por último, "cordura y sentido común".
RECOGIDA DE FIRMAS
Por otro lado, en la plataforma charge.org se ha comenzado una recogida de firmas para pedir que los responsables de la UCO se pronuncien ante todo lo acontencido y defiendan el resultado de su trabajo, y que el ministro del Interior los reciba y respondan ante "la injusticia" que consideran que se está comentiendo con ellos.
También solicitan al fiscal del caso que no "les abandone en esta lucha" y, aunque aseguran que "desconocen si solo corresponde a la Fiscalía Superior la decisión de recurrir", le piden que, "si hay algo más que pueda hacer, no se rinda".
